| Tarragona
- La Generalitat llevará a la Fiscalía
la muerte de 740 kilos de peces ocurrida el pasado
día 1 en el río Francolí a
su paso por Tarragona, una vez acabe la investigación,
que apunta a la actividad de la planta de sulfato
de amonio de Repsol Química como origen de
este presunto delito ecológico.
Cuando la Agencia Catalana
del Agua cierre el expediente, se remitirá
toda la documentación a la Fiscalía
de Tarragona, como es habitual en estos casos, que
será la que tendrá que decidir si
Repsol ha incurrido en un delito ecológico,
según han informado fuentes cercanas a la
investigación.
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El
Código Penal contempla una pena de entre
seis y cuatro años de cárcel, además
de una sanción económica, para los
culpables de un delito ecológico.
La mortandad de los peces
fue ocasionada por una punta de amonio que llevaba
el río los pasados días 30 de septiembre
y 1 de octubre, que fue detectada por el departamento
de control de la ACA en la caseta de control automático
de Tarragona.
El episodio se registró
entre la zona del barrio de Sant Salvador y la desembocadura
del Francolí.
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