Vinarós – Este fin de semana han hablado en el caso de la piscifactoría de Vinaròs, tanto el alcalde de la ciudad, como el representante de la empresa afectada, Cultipeix S. L.

Según aparecía publicado ayer en el diario local Panorama Actual, Antoni García, gerente de Cultipeix, espera que la conselleria de Territorio y Vivienda, "cuando haya revisado estas alegaciones, nos llame a nosotros porque tiene la obligación de informarnos de lo que hay, debe darnos la oportunidad de defendernos". En clara referencia a las alegaciones presentadas en la consellería de Medio Ambiente por diversos colectivos al proyecto de instalación de viveros flotantes para cría de doradas y lubinas.

García dejó claro que su empresa "hará todo lo que sea necesario para poder instalar la piscifactoría, dado el convencimiento que no va a producir los perjuicios que se han dicho desde el Ayuntamiento de Vinaròs y varios colectivos, sino todo lo contrario, pues considera que va a crear riqueza, como por ejemplo, puestos de trabajo".

El proyecto de piscifactoría ha servido como argumento para rechazar otro proyecto marino que también ha generado el rechazo generalizado en la población vinarocense, el parque eólico.

Así, en la denegación que de este proyecto ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente a la empresa Capital Energy, se indica que el parque hubiera afectado a los arrecifes artificiales instalados por la conselleria y también a la piscifactoría prevista en estas costas del norte de Castellón.

En el pleno ordinario de diciembre del Ayuntamiento de Vinaròs, celebrado el pasado martes, la Associació de Veïns Migjorn preguntó a través del edil de Participació Ciudadana, Ramon Adell, cómo se encontraba el tema de las alegaciones a esta granja marina, a lo que el alcalde respondió que de momento no se habían tenido noticias sobre las mismas, una vez se habían ya enviado a Valencia.

En otro pleno también con carácter extraordinario del Ayuntamiento de Benicarló se aprobó por unanimidad una moción en la que se rechazaba la piscifactoría, de cincuenta hectáreas de superficie, al considerar que las corrientes marinas desplazarían hasta la costa benicarlanda los excrementos y medicamentos que se utilicen en la misma.