Madrid - El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) contará para 2006 con un presupuesto de 8.460,71 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 2 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Del total del presupuesto, el 74,46 por ciento procede de la Unión Europea, ya que en concepto de subvenciones agrarias España recibirá el próximo año 6.300 millones de euros, un 0,3 por ciento más que el año anterior, y 530,98 millones para financiar medidas de desarrollo rural.

No obstante, el presupuesto nacional del Ministerio aumentará el 8,74 por ciento al pasar de los 1.498,73 millones de euros de 2005 a los 1.629,74 millones de euros para el próximo año, según confirmaron fuentes del MAPA.

Las operaciones de capital, que engloban las inversiones realizadas en infraestructuras principalmente y subvenciones, se incrementarán el 9,53 por ciento.

Según el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2006, presentados ayer por el ministro de Economía, Pedro Solbes, el Plan Nacional de Regadíos (PNR) horizonte 2008 contará con una dotación de 193,35 millones de euros.

La modernización del sector agrario y pesquero absorbe el total de las ayudas procedentes de Bruselas (6.300 millones de euros) a las que se suman 441 millones de euros procedentes de la Administración española.

En el caso del desarrollo rural, a las ayudas de la Unión Europea (530,98 millones de euros) la Administración destinará 338,59 millones de euros, una partida que tiene como objetivo fomentar la innovación tecnológica, el asociacionismo agrario y la mejora de las exportaciones para conseguir un desarrollo sostenible del medio rural.

La política pesquera, que se desarrolla mediante la aplicación de dos programas presupuestarios la protección y desarrollo de los recursos pesqueros, y la mejora de las estructuras pesqueras, con una dotación presupuestaria de 188,48 millones de euros.

El Plan de Seguros Agrarios Combinados contará con 245,91 millones de euros, entre los que la presentación destaca el seguro dirigido a las explotaciones prioritarias, garantizando un marco de seguridad y de sostenibilidad de dichas explotaciones.

En el caso de los organismos autónomos relacionados con el sector agrario, los Presupuestos Generales del Estado detallan el del Instituto Español de Oceanografía, dependiente del Ministerio de Educación, que para el próximo año contará con 49,36 millones de euros, el 17,1 por ciento más.

El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), también de Educación, estará dotado con 65,07 millones de euros, el 12,2 por ciento más que en 2005, mientras que el presupuesto del Fondo de Regulación y Ordenación del Mercado de Productos de Pesca (FROM) del MAPA crecerá el 6,1 por ciento hasta los 19,53 millones de euros.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), del Ministerio de Sanidad, dispondrá para el próximo ejercicio de 16,09 millones de euros, el 8,2 por ciento más, mientras que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), entidad que gestiona los pagos de las subvenciones agrarias y dependiente del MAPA, contará con 7.024,60 millones de euros, el 0,7 por ciento más que en 2005.

En la presentación ofrecida por Solbes se indica que el objetivo del Presupuesto del Ministerio de Agricultura es promover las políticas activas que permitan el desarrollo armonizado del mundo rural en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible y en coordinación con las Comunidades Autónomas.

Añade que se trata de desarrollar una política agraria nacional básica que garantice el desarrollo armónico de todos nuestros modelos productivos, el equilibrio y la solidaridad interterritorial y, a nivel nacional, una agricultura y una industria agroalimentaria competitivas.

Agrega que apoyará a las Comunidades Autónomas en sus actuaciones de creación y mejora de infraestructuras agrarias y rurales y en los programas de medidas agroambientales para los próximos años, en las que se incluyen actuaciones diversas destinadas a complementar la renta de los agricultores.

También pretende garantizar la calidad de los alimentos producidos dentro de nuestras fronteras, el control de los que vengan del exterior y adoptar las medidas adecuadas para conseguir la trazabilidad de productos desde el campo hasta su destino final.