Madrid - La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, aseguró ayer que España realiza un control sistemático de los transportes de pescado fresco de especies con tallas mínimas, con la verificación también de la documentación y el etiquetado.

Así lo confirmó Espinosa en respuesta a la pregunta de la diputada socialista María Isabel Fuentes sobre las actuaciones del Gobierno para garantizar el cumplimiento de las normas de tallas mínimas y etiquetado en la comercialización del pescado fresco.

Este control, explicó la ministra, se desarrolla por los Programas Anuales de Control Integral de las Actividades Pesqueras y cuentan, asimismo, con la colaboración de las Comunidades Autónomas (CCAA), que aportan los inspectores que acompañan a las patrullas de la Guardia Civil y gestionan los expedientes sancionadores.

La ministra informó de que actualmente están suscritos Acuerdos de Colaboración con 16 Comunidades Autónomas.

Añadió que para potenciar el desarrollo de los programas se han llevado a cabo nueve cursos de formación para inspectores y guardia civiles, habiéndose impartido los últimos en Sevilla y Gijón en el año 2005.

Espinosa concretó que este Programa se completa con un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, para actuar en Mercamadrid y otro con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para Mercas y mercados municipales, estando prevista una experiencia piloto en diez capitales de provincia.

Asimismo, Elena Espinosa destacó que son muy importantes las verificaciones realizadas en Cataluña por el alto número de decomisos de productos que, procedentes de Italia, se dirigen a los principales mercados de destino de nuestro país.

Por lo tanto, además de las actuaciones que se contemplan en los Programas Anuales de Control, el Gobierno va a centrar sus actuaciones en mejorar e intensificar el número de verificaciones en las rutas y horarios de mayor circulación de estos productos a los principales mercados, añadió.

Por último, la ministra concluyó que las actuaciones del Gobierno se van a dirigir fundamentalmente a los siguientes aspectos: control para la verificación del cumplimiento de la normativa vigente y sensibilización contra el consumo de inmaduros contando con la colaboración y coordinación de todas las administraciones implicadas.