Madrid - La Asociación
de Productores de Cultivos Marinos (Apromar)
pidió ayer que el canon de ocupación
del dominio público marítimo-terrestre
que el Ministerio de Medio Ambienta trata
de aplicar en las instalaciones acuícolas
sea "lo suficientemente bajo para que
fomente el desarrollo del sector y tenga uniformidad".
El gerente de Apromar, Javier Ojeda, hizo
estas declaraciones tras asistir ayer en Madrid
a la 60 reunión de JACUMAR (Junta Asesora
de Cultivos Marinos) en la que se analizado
la situación actual del sector de la
acuicultura en España, tal y como fuera
anunciado ayer por misPeces.com.
Ojeda apuntó que la propuesta inicial,
elaborada por la Dirección General
de Costas del Ministerio de Medio Ambiente,
establece un "canon al alza", imponiendo
una tasa 30 veces superior al canon actual
-0'006 céntimos de euros por metro
cuadrado de ocupación marítima-terrestre-.
Recordó que Apromar ha presentado
ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso
administrativo por el canon de ocupación
del dominio público marítimo-terrestre
que el Ministerio de Medio Ambiente aplica
a sus instalaciones marinas, para que "se
modere su aplicación".
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Según
esta asociación, que agrupa a acuicultores
con una producción anual de 26.000
toneladas de crustáceos, moluscos y
peces, los cánones son "elevadísimos
y desproporcionados" pues, en algunos
casos, llegan a suponer 30 veces más
al pago "recaudatorio actual", que
abona una explotación energética
o de otro segmento en el dominio marítimo-terrestre.
A juicio de Apromar este canon "desincentiva"
esta actividad que es muy frágil y
que necesita del máximo apoyo por parte
del Gobierno para su mantenimiento y competitividad
en el mercado internacional.
Apuntó que no es comprensible que
actualmente las explotaciones acuícolas
tenga un canon que se asemeja al que se aplica
a sociedades del sector servicios (como marinas
o puertos deportivos) y no al que se les exige
a la minería o a la energía
(una peseta -0,006 euros- por metro cuadrado).
En opinión de los acuicultores, este
canon de aplicarse "minará por
completo la competitividad del sector",
y supondrá un "losa" muy
difícil de levantar.
A su juicio este impuesto supondrá
en definitiva "un lastre insostenible"
que "frenará el potencial de esta
actividad", por lo que exige un canon
proporcionado en cuantía con la naturaleza
de la actividad y su asimilación con
otros usuarios del mar territorial".
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