Santiago de Compostela - La Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia (AROGA) contesta a las acusaciones de irregularidad planteadas estos últimos días en algunos medios de comunicación, afirmando que “es falso que las empresas de AROGA estén en situación ilegal. Las empresas de piscicultura marina de Galicia cumplen toda la normativa y legislación medioambiental”.

Añaden en su comunicado que la inmensa mayoría de las empresas productoras cuenta con la autorización de vertidos, después de acreditar a través de rigurosos controles analíticos impuestos por Aguas de Galicia la limpieza de sus efluentes.

AROGA señala que "las pocas empresas que no disponen aún de resolución firme expresa de autorización se encuentran en trámites para obtenerla”. Como prueba de ello "todas y cada una de las plantas de acuicultura pagan el canon de saneamiento que fue establecido con la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta”, afirman.

La asociación gallega recuerda que el canon es impuesto por Aguas de Galicia en “estimación objetiva singular”, al haber constatado la propia Administración que “la extrema limpieza del vertido de estas plantas imposibilita la medición de diferencia significativa alguna entre los valores contaminantes presentes en el agua de la entrada y de la salida de las granjas”.

Respecto al vertido al mar de antibióticos, AROGA añade, “en particular, en cuanto a las pautas de tratamiento de los peces y gracias a la intensa actividad en I+D+i que se está realizando, se impone la vía de la prevención, caracterizándose éstas por el control en las plantas; el saneamiento de las mismas; la vacunación; y una alimentación potenciadora de la resistencia y salubridad de los peces, erradicando las vías de tratamiento paliativas, habituales, por cierto, en toda la industria de producción animal”.

A este respecto añaden que “es absolutamente falso que las granjas viertan antibióticos porque su uso está prácticamente erradicado, además, en los excepcionales casos en los que eventualmente se pueda emplear, debe ser prescrita, por ley, bajo control administrativo veterinario”.

Finalizan la nota indicando que, “en todo caso, la totalidad de las granjas existentes cuentan con la preceptiva licencia de actividad, para cuya concesión y mantenimiento es imprescindible contar con toda clase de informes favorables y autorizaciones de distintos organismos y Administraciones medioambientales, estatales y autonómicas”.