Santiago de Compostela 23/11/2007 – El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Anxo Quintana, considera “totalmente lógico” que los gallegos sean los que decidan respecto a las competencias sobre la instalación de parques eólicos en su territorio y por ello, han interpuesto un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional (TC).

Cabe recordar que en agosto de este año se publicaba el Real Decreto por el que se establece el procedimiento administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial, daba competencias al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y al ministerio de Medio Ambiente, por ocupar dominio público marítimo – terrestre.

Para la Xunta, el Real Decreto vulnera las competencias sobre tramitación de solicitudes de generación eléctrica ya que Industria y Medio Ambiente son los organismos competentes para determinar las zonas aptas para la instalación de los parques eólicos.

Por otra parte, este RD supone un avance - aunque aún se deberán andar muchos más pasos - para un antiguo proyecto que existe en la costa andaluza, concretamente en cabo Trafalgar, de instalar un parque eólico marino que podría albergar también la instalación de viveros flotantes para la cría de especies piscícolas.

El proyecto, que fue presentado en 2004 en el VI Congreso Nacional de Medio Ambiente, está promovido por Energía Hidroeléctrica Navarra y la empresa piscícola Cupimar y tendría 2.000 millones de euros de inversión total.

La energía proporcionada por un aerogenerador marino es mucho más interesante desde el punto de vista energético que los terrestres, ya que ofrece mayor calidad de suministro eléctrico por ser el régimen de vientos es más estable en el mar, permite aparatos de mayor tamaño, su impacto paisajistico es casi nulo, ya que se instalan a varias millas de la costa, y permite alternarlo con otras actividades como la acuicultura.

La dependencia española a los hidrocarburos es de los mayores del Europa, además, la energía nuclear como alternativa es rechazada por un 71 por ciento de los españoles.