Alicante 10/10/2007 – La sección segunda de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimado el recurso interpuesto por la empresa Moraira Acuicultura, S.L., que solicitaba la autorización para instalar una granja marina para cría de dorada y lubina en el litoral de Moraira.

La sentencia recoge que la resolución del director general de Pesca de 2004 denegó el permiso solicitado porque la “actividad liberará en el entorno próximo de la costa, sin control ni tratamiento previo, una importante cantidad de residuos orgánicos generando un riesgo de contaminación de las aguas y los fondos marinos y, como consecuencia, la degradación ambiental progresiva de un sistema del litoral de extraordinaria importancia ecológica y paisajística”.

Sin embargo, la entidad demandante alegó que la denegación suponía un agravio comparativo respecto de otras dos instalaciones también ubicadas en la comarca de la Marina y dedicadas al cultivo de dorada y lubina.

La empresa argumentó que esas dos piscifactorías marinas habían sido autorizadas con estudios de impacto ambiental similares. Pero el TSJ ha dictaminado ahora que “no existe agravio comparativo con otras instalaciones dado que las características de los fondos y su afección sobre zonas colaterales es necesario evaluarlas en todos los casos y la actividad solicitada puede afectar a zonas de gran interés ecológico”.

Cabe destacar que el pleno de Teulada ya en 2003 informó desfavorablemente la granja marina. El consistorio alertó de que la ubicación afectaba a un tramo litoral calificado como Lugar de Interés Comunitario (LIC) por la existencia, entre otros, de ecosistemas de praderas de posidonia oceánica.

Además, el ayuntamiento aseguró que el lugar elegido por Moraira Acuicultura, S.L., se hallaba muy próximo a la costa y en un punto de gran visibilidad submarina. Por tanto, la proliferación de desechos orgánicos hubiera alterado la claridad del agua y provocado una importante contaminación del medio marino.

Aquel acuerdo de pleno se envió a la Dirección Territorial de Agricultura, Pesca y Alimentación, que pidió a la Conselleria de Territorio y Vivienda que evaluara el impacto ambiental de la piscifactoría.

En febrero de 2004, la Dirección General de Gestión del Medio Natural emitió la declaración de impacto, que fue contundente. Consideró que la actividad de la granja marina liberaría en las inmediaciones de la costa y sin control ni tratamiento previo una importante cantidad de residuos orgánicos. Y estos residuos podrían afectar a la calidad del agua y a los fondos marinos y degradar un sistema litoral de extraordinaria importancia ecológica y paisajística.