Cádiz 15/07/2009 – Los afectados por la aplicación de la Ley de Costas en la Bahía de Cádiz decidieron ayer formar un “grupo de presión” para recuperar la propiedad perdida, apoyándose en el Informe Auken, aprobado este año en el Parlamento Europeo (PE).

Esta medida fue tomada en una reunión celebrada ayer en la sede de la Confederación de Empresarios de Cádiz, y en la que participaron Asema, Opp-56, Apromar, Afrasal (Asociación de Productores de Sal), y numerosos propietarios de salinas y esteros afectados.

El encuentro sirvió como “acto fundacional”, en el que se constituyó una comisión gestora, a partir de la cual se decidirá la forma jurídica que se adoptará para afrontar la demanda a las diversas Administraciones – Europea, Central, y Autonómica -.

Dos representantes de los productores piscícolas y dos del sector salinero serán los encargados de trabajar en el tema, para que en septiembre se ponga en funcionamiento. Una de las formas jurídicas planteadas es la de Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas en la Bahía de Cádiz.

Según cálculos expuestos en la reunión, los afectados de la Bahía representan una extensión aproximada de 7.000 hectáreas, ya sea por problemas de servidumbre o de ocupación.

Para Lázaro Rosa, representante de Apromar y Asema en el contencioso con Costas, el problema de los deslindes no es “un problema de acuicultura, es un problema de la propiedad privada”.

Por su parte, un salinero comentó el hecho de que salinas compradas y dadas de alta en el registro de la propiedad – algunas desde el siglo XVI – , con la aplicación de la Ley de Costas las han perdido, lo que es un grave problema de “inseguridad jurídica”.