Santiago de Compostela 07/10/2009 - La organización ecologista Adega aseguró ayer que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), que anula la declaración de impacto ambiental de la piscifactoría de Rinlo (Ribadeo), podría impedir también la construcción de la planta acuícola de Touriñán (Muxía).
La sentencia, presentada ayer por Adega en rueda de prensa, invalida la declaración de impacto ambiental (DIA) de la piscifactoría de Rinlo, aprobada por el último gobierno de Fraga, por afectar a hábitats prioritarios, que requieren medidas especiales de conservación.
Adega resaltó que la sentencia judicial reconoce que la construcción de la planta de Rinlo afecta al "Lugar de Importancia Comunitaria" (LIC) de As Catedrais, y supone la fragmentación y degradación de los hábitats protegidos allí presentes, por lo que anula también las licencias de obra y actividad concedidas a Acuinor, la compañía dirigida por Ramón Álvarez Cascos.
El abogado de la organización ecologista, Apolinar Gómez, aseguró que esta sentencia servirá de "precedente" y podría ser extrapolable a "otros muchos proyectos" ejecutados en la Red Natura "sin ajustarse" a la legislación, como la "planta de acuicultura de Cabo Touriñán", añadió el secretario ejecutivo de Adega, Fins Eirexas.
Según Adega, la argumentación en la que se basa la sentencia del TSXG sobre la planta de Rinlo es aplicable al caso de Touriñán, ya que la construcción de la planta acuícola -anulada por el Gobierno Bipartito en la pasada legislatura por su impacto ambiental- afectaría 120.000 metros cuadrados de hábitats prioritarios.
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A este respecto, Eirexas criticó la "fijación enfermiza" de la Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo, por recuperar la planta de Touriñán y lamentó las "chafarralladas" ambientales "perpetradas" por el Gobierno de Fraga, al que acusó de elaborar declaraciones de impacto ambiental "fraudulentas" y "a medida".
"El récord mundial de Declaraciones de Impacto Ambiental fraudulentas lo tiene el actual conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández", según afirmó Eirexas.
El secretario ejecutivo de Adega explicó, además, que el plan sectorial elaborado por el antiguo conselleiro de Pesca Enrique López Veiga durante el último gobierno de Manuel Fraga -según Adega "en vigor" tras la anulación del Plan Acuícola del Bipartito-, podría ser también invalidado como consecuencia de la sentencia de Rinlo.
Eirexas destacó que este plan sectorial no señalaba los hábitats prioritarios, ocupaba un 30 por ciento de los mismos y confundía las denominaciones de los LIC. Esto demuestra "el desprecio que la Administración siente por la legislación vigente", apuntó la presidenta de Adega, Adela Figueroa.
Respecto al caso de la piscifactoría de Rinlo, Figueroa aseguró que si en 2005 los voluntarios de la organización no hubieran paralizado las obras ahora sería "bastante difícil entrar a demoler" lo que estuviera construido.
No obstante, la sentencia del TSXG podría ser recurrida ante el Tribunal Supremo, algo los representantes de Adega consideran “poco probable”.
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