Feijóo explicó los detalles de la modificación puntual del Plan ayer a la salida del Consejo de la Xunta. Según indicó el mandatario gallego, se trata de “un impulso desde el punto de vista de la seguridad jurídica” para las nuevas plantas permitiendo a las empresas convertirse en propietarios de los terrenos.

Añaden que la medida supone una “garantía de su inversión”, ya que "podrán invertir con miras de futuro y total seguridad", en lugar de la vigente concesión administrativa por un tiempo determinado, "lo que pondría en riesgo las inversiones de futuro".

Hasta el momento, en Galicia se realizaba una expropiación forzosa de los terrenos, cuya titularidad pasaba directamente a la Xunta, que cedía en régimen de concesión administrativa a la empresa la posibilidad de su uso para desarrollar la actividad acuícola por un máximo de 30 años.

Con la reforma del Plan Acuícola, las empresas cuyos proyectos sean aprobados podrán negociar directamente con los propietarios de los terrenos, lo que según la Xunta, garantizará "condiciones más ventajosas" para el particular, ya que contará, como mínimo, con el precio que se fije en el procedimiento de expropiación en caso de que no llegue a un acuerdo con la empresa.

Feijóo precisó que, además de esta modificación puntual, la Xunta realizará un "último análisis en el Plan del Litoral", que el Gobierno gallego pretende aprobar antes de finalizar el presente año. En todo caso, puntualizó que, con esta modificación del sistema de acceso a la propiedad de los terrenos, éstos "sólo se podrán dedicar a plantas acuícolas".

La Consellería del Mar argumentó también que aplicar el método previsto en el Plan de Acuicultura de 2008, elaborado por el bipartito, conllevaría que la Administración realizase importantes desembolsos para afrontar los pagos de las expropiaciones de los terrenos que luego se cederían a las empresas acuícolas.

Por contra, el actual Ejecutivo defiende que "debe ser la propia empresa beneficiaria la que realice el desembolso para llevar a cabo la actividad". A su juicio, el desarrollo de las actividades empresariales dedicadas a la producción de bienes para el mercado no se debe hacer bajo el régimen de concesión para uso de bienes patrimoniales de la Administración, puesto que no se trata de bienes de dominio público.