Santiago de Compostela 10/02/2010 - La fórmula ideada por la Xunta de Galicia, que preside Alberto Núñez Feijóo, para que las empresas acuícolas accedan al suelo, ha preocupado a los productores de rodaballo, ya que éstos tendrán que negociar con los propietarios de los terrenos directamente.

Según lo publicado hoy en El País, el gerente de Aroga, Fernando Otero, considera que la compra directa con expropiación subsidiaria, “se puede prestar a especulación” al dejar en manos de los propietarios las condiciones de la venta.

El planteamiento no es nuevo. En la etapa de Fraga se hizo de esta manera y provocó que algunos propietarios subieran el precio de venta, por encima del de tasación, cuando supieron que había empresas interesadas en los mismo. A esto se acentúa el problema del minifundismo de Galicia que obliga a negociar con una gran cantidad de propietarios.

La novedad de este Plan Acuícola, es que la Administración sólo expropiará si una minoría se resiste a la venta frente a una mayoría que sí esté dispuesta.

Lo cierto es que la gestión del suelo preocupa y mucho. Los productores perciben "cierto temor", señala Otero Lourido, por parte de las instituciones -desde la comunitaria hasta la municipal- a la reacción de determinados sectores de la opinión pública. La expropiación, abunda en su entrevista, "tiene ventajas como la rapidez y se compagina con la justicia en el precio porque viene marcado pericialmente desde la propia administración".

Por su parte, la portavoz de Pesca del Grupo Parlamentario Socialista, Marisol Sonería, exigió esta semana a la Xunta que se presenten los informes legales, jurídicos y medioambientales preceptivos para llevar a cabo la reforma del Plan de Acuicultura presentado por Feijóo.

En este sentido, Soneira acusa, a través de una interpelación parlamentaria al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentada en la Cámara gallega, de “primar la especulación y marbellización” de la costa.

“El Plan Acuícola se llevará adelante sin que conste ningún informe medioambiental, urbanístico, ni de otra índole”, criticó la socialista. En la iniciativa presentada, exige a la Xunta que explique a qué organismos solicitó los informes previos para la modificación del plan.

El PSdeG denunció, en un comunicado, que “tampoco” consta el informe de la asesoría jurídica de la Xunta o de Costas del Estado, a lo que añadió que “no se especificó qué rango legal tiene la modificación puntual de esta norma”, por lo que, a su juicio, esta situación “permite la expropiación por parte de la Xunta cuando un propietario del terreno no esté de acuerdo con el promotor”.

'Todo esto nos sitúa en un escenario absolutamente confuso y preocupante ya que, lejos de la pretendida seguridad jurídica anunciada por el presidente, esta forma de proceder sitúa a la acuicultura gallega una situación insostenible', criticó Soneira.

Finalmente, la diputada socialista lamentó que se modifique “sin solicitar informes” el régimen de propiedad de terrenos que “en algunos casos son públicos o están afectados por servidumbres públicas”.