Madrid 16/01/2012 – La llegada de Miguel Arias Cañete al Ministerio de Agricultura, Alimentación, y Medio Ambiente podría ser el revulsivo que muchas instalaciones acuícolas y conserveras afectadas hoy en día por una aplicación restrictiva de la Ley de Costas estaban esperando.

Al menos así parece ser la intención de Cañete, según se desprende de sus declaraciones realizadas el pasado viernes en su primera comparecencia para hablar de Medio Ambiente.

Según Arias Cañete la intención del nuevo Ministerio es la de “poner en valor” el litoral y dar “seguridad jurídica”. Aunque evidentemente estas declaraciones no hacen referencia explícita al sector acuícola español, cualquier cambio en la normativa en esta dirección sería beneficioso para este.

Entre las medidas más destacables de esta postura se encuentra la intención de alargar las concesiones y autorizar nuevos usos en “primera línea”, añadiéndose una “simplificación a la normativa ambiental” para agilizar las tramitaciones.

La Ley de Costas, vigente desde 1988, sin apenas modificaciones, acarreó expropiaciones nunca antes conocidas y supuesto una amenaza a la industria piscícola de la Bahía de Cádiz que en aquellos años se prometía como un sector fuerte. Igual está pasando en otras latitudes, como en Galicia y la cornisa cantábrica.

A favor de esta modificación en el Partido Popular se encuentran personalidades como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja, José Manuel García Margallo, o el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La principal problemática de la actual Ley se encuentra en su interpretación, basada en criterios geográficos y oceanográficos, y no en una distancia concreta, por lo que según sea el sitio y quien aplique el deslinde, perjudica en mayor o menor medida al dominio público marítimo terrestre.

El principal problema para que no se produzca una reforma de la Ley, sino más bien una “suavización” de la misma está en el hecho de que el Estado podría comprometerse a compensaciones millonarias frente a los afectados.