"Más de lo mismo"                 Antonio Marzoa Notlevsen

En muchas ocasiones, demasiadas ya, cuando se habla de la acuicultura, tanto en nuestro país como en el resto de la UE, se suele hacer desde el mayor de los desconocimientos acerca de su realidad y del contexto que la rodea y condiciona.

La actividad acuícola ha heredado de la pesca extractiva un sinfín de aspectos positivos. No podemos dejar de reconocer que, de alguna manera, es la "hija" de aquélla:

• La propia necesidad, totalmente incuestionable, de la actividad de cultivos marinos se justifica por el hecho pretérito de la existencia de un mercado de consumo (el mejor de Europa, y el segundo del mundo), que combina, de forma ideal, los rasgos de "calidad" y "cantidad", en otras industrias antagónicas. Ese mercado de consumo ha sido creado y mimado por nuestros pescadores, a quiénes debemos calificar como los mejores y más responsables profesionales de la actividad, que han sabido desarrollar flotas selectivas, no esquilmadoras. Qué fácil ha resultado siempre, en nuestro país, dedicarse a calificar a nuestros propios compatriotas con adjetivos como piratas, depredadores y otras lindezas por el estilo.

• Esos mismos profesionales son los que han justificado, cuando no creado directamente, la más extraordinaria red comercial de pescado, capaz de situar los productos del mar en cuestión de pocas horas en cualquier punto de nuestra piel de toro.

• Las instalaciones y servicios portuarios que disfrutamos todos, fueron creados, en su día, por y para los pescadores.

• Etc, ...

Los acuicultores, como decimos, hemos recibido aquel "regalo", sin ser nunca demasiado conscientes de esa realidad.

Pero también nos hemos visto "beneficiados" con los aspectos negativos que siempre han rodeado y perjudicado a la actividad pesquera, a los profesionales de la mar. 

Entre otras, la falta de entendimiento en profundidad por parte, no sólo de la opinión pública sino, y sobre todo, por parte de las administraciones públicas que en ocasiones no han sabido valorar en su justa medida el peso específico y la riqueza que genera la actividad extractiva en un país como España. Aspecto que por otro lado y curiosamente siempre han tenido y tienen muy claro y presente en otros países, que no cejan en el empeño de convertirse en nuestros proveedores, pasando por encima de nuestros pescadores y acuicultores.

Llegados a este punto debemos, no obstante, dejar constancia del apoyo total e incondicional que, por ejemplo, los productores de cultivos marinos catalanes estamos recibiendo de nuestra "Direcció General de Pesca i Afers Marítims".

Me vienen a la memoria unas palabras, al respecto de esta trascendental cuestión, de Don Miguel de Aldasoro, que fuera embajador de España, y Subsecretario de Pesca entre 1979 y 1982, quién afirmaba en la publicación Política Exterior (vol. 9, junio/julio 1995, nº 45) que: 

"El Estado nunca ha sido buen pescador. ... los Ministerios de Hacienda y Economía influyen de forma decisiva en el comportamiento de los mercados, no siendo una excepción el de la Pesca. Con frecuencia se oyen quejas de las Cofradías de Pescadores, de las Asociaciones de Armadores u Organizaciones de Productores, lamentándose de que siendo un sector estratégico de la economía española notan una cierta indiferencia de la Administración Pública hacia los problemas propiamente pesqueros y, sin embargo, son esas Organizaciones y Asociaciones las que, gracias a una paciente y tenaz labor, han conseguido crear en España el mejor mercado europeo de consumo de pescado ... Al igual que la UE, nuestra Administración tampoco está siempre dispuesta a considerar el mercado de consumo de pescado como algo íntimamente ligado al conjunto de la actividad pesquera, sino que tiende a englobarlo en el ámbito general del conjunto de nuestra economía". 

De tal forma que el peso específico real de la actividad extractiva (lo mismo ocurre con la acuicultura), no es tenido en cuenta, sino que es cercenado de forma drástica y trágica, por cuanto se diluye por desconocimiento, e ¿irresponsabilidad?, en las grandes cifras macroeconómicas.

Aquí, como siempre, lo que tiene "peso" es el número de nacionales directamente afectados: el peso social del sector industrial del que estemos hablando. Y ese aspecto, en la pesca, se ha hallado, en el mejor de sus momentos, en la "ridícula" cifra de unos +/-125.000 pescadores hoy reducido en, aproximadamente, un 40%.  Por todo ello, y no por otras razones, la pesca ha sido, en no pocas ocasiones, utilizada como "moneda de cambio", en cualesquiera negociaciones bilaterales que, nuestros políticos, hayan llevado a cabo.

Mucho tendrían que explicar, y ya lo hacen, los representantes del sector pesquero en este sentido. Siendo nuestra flota la mayor, mejor y más preparada de la UE, ha sido la única que ha reducido su capacidad mucho más allá de lo que le era exigido desde Bruselas, mientras que los demás países comunitarios no sólo no reducían su capacidad, sino que, en muchos casos, la aumentaban, cabría decir que a nuestra costa. Imagino que jamás dejaremos de ejercer de Quijotes.

Y a los acuicultores españoles nos ha tocado en herencia, también y como decíamos más arriba, la falta de entendimiento hacia nuestra industria, hacia sus necesidades y carencias, hacia su realidad. Y si el "factor vital", el peso social, es despreciable en la pesca, ¿qué podemos decir en el caso de la acuicultura?.

Pero el mayor desconocimiento y desapego, hacía una y otra actividad industrial, lo encontramos como no podía ser de otro modo en Bruselas, en la Comisión Europea.

La decisión de crear una Comunidad Económica Europea surgió en la mente de los fundadores como un medio idóneo para conseguir una serie de objetivos fundamentales, entre los que debemos destacar el de lograr la "estabilidad dentro de la expansión, el equilibrio en el intercambio y la lealtad en la competencia".

Para lograr aquellos fines, mediante el Tratado CEE (uno de los Tratados constitutivos, que forma parte del llamado "Derecho Originario" del acervo comunitario), se concibieron dos instrumentos: el establecimiento de un Mercado Común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembros. El primero se establecía como fundamento para lograr el segundo: la integración económica. El citado Tratado previene que, a los fines así enunciados, la acción de la Comunidad llevará consigo el establecimiento de un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el Mercado Común.

De ese modo, se fue creando la corriente de opinión favorable al sistema económico del que disfrutamos, basado en la Libre Competencia, como medio eficaz de protección del consumidor, de progreso y de desarrollo.

La protección a la Libre Competencia recogida en los Tratados (tanto en el CEE como en el de la CECA: Comunidad Económica del Carbón y del Acero), no es tanto un fin en sí mismo como un instrumento para conseguir los objetivos comunitarios.

La Comisión, pues, siempre ha considerado que la implantación de un régimen de competencia económica leal debe contribuir a asegurar el buen funcionamiento de un Mercado Común.

En ese contexto, el de la supuesta defensa de la libre competencia como medio para lograr una verdadera integración económica europea, y como herederos y copartícipes de todo aquello que conforma el contexto de la pesca, con sus pros pero, sobre todo, con sus contras, es en el que la acuicultura intenta salir adelante.

Por cuanto afecta a la actividad de los cultivos marinos, en ese marco legal conformado por la Comunidad y por los ordenamientos internos de cada país de la Unión, la Comisión y los Estados miembros vienen tolerando que los principios sobre los que pretendemos construir nuestro Mercado Común, sean falseados y burlados, de forma descarada, por los operadores de un Estado miembro, Grecia, sin que nada se halla hecho hasta la fecha por tratar de evitar una crisis que nos está devorando, por intentar reconducir la situación a un entorno en el que los comportamientos mercantiles se ajusten a Derecho, al Derecho que nos hemos dado unos a otros.

El pasado día 8 de marzo, y por iniciativa de los representantes andaluces y catalanes, se celebró en la sede de la Federación Francesa de Acuicultura (FFA), en Paris, una reunión en la que participaron los principales representantes de los países productores de dorada y lubina que están siendo atacados por Grecia: Italia, Francia, Portugal y España.

En aquella reunión se coincidió, como no podía ser de otra forma, en cuál es el origen de la crisis: los excesos cometidos en el país helénico, y las irregulares prácticas mercantiles que llevan a cabo los griegos en y contra los demás países miembros productores de aquéllas especies.

También pudimos corroborar la nula atención prestada, hasta ahora, por la Comisión y sus servicios a la actual situación que, habiendo sido denunciada por escrito por italianos, franceses, y andaluces y catalanes (lamentamos no poder, tampoco en este caso, hablar de "españoles" en general, pero así ha sido, y así debemos decirlo), tan sólo ha merecido una respuesta "standard", en la que reconociéndose el hecho de que los precios han experimentado importantes bajadas a lo largo de 2001 (aunque no debiéramos olvidarnos de 2000 y 1999), a su entender no existen factores que permitan asegurar que estos no vayan a poder recuperarse, así como afirmaban no haber recibido queja alguna acerca del comportamiento de los productores griegos (!!?)

En otra ocasión, tal vez, debiéramos hablar con detenimiento, de las aparentes "contradicciones" de la administración comunitaria y su ordenamiento jurídico. Así por ejemplo y por cuanto nos afecta, mientras el hecho de vender por debajo del coste de producción se califica como "dumping" cuando dichas ilícitas acciones las realiza un tercer país, en el caso de que las mismas prácticas sean llevadas a cabo por un Estado miembro contra otro u otros países de la UE (lo cual debiera entrañar una mayor gravedad, o cuanto menos así se nos antoja que debiera ser), preferimos utilizar, de forma cínica, pusilánime y timorata, otros términos más "suaves" o, incluso, equívocos, y hablamos de "venta a pérdida".

En cualquier caso, de aquella reunión, ha nacido un escrito: el "Acta de Paris", en el que de forma conjunta, denunciamos la crisis, la desidia de la Administración Comunitaria y la tibieza de las nacionales, y planteamos niveles de actuación deseables: por parte del Gobierno griego, por parte de la Comisión, y por parte de los Estados miembros afectados.

El próximo día 9 de abril (Nota del Editor: Este artículo fue escrito en abril de 2002) se celebra en Bruselas una reunión del Comité de Gestión de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura, en el que la Comisión presentará a debate, entre otras cuestiones, la actual situación del mercado de la dorada y la lubina. Nos consta que las delegaciones francesa y española, de forma conjunta, suscitarán todos los argumentos para defender los intereses del sector. En los representantes de la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros (Secretaría Gnal de Pesca-MAPA), y en los de las Administraciones Autonómicas, que han demostrado, unos y otros, preocupación e interés por la situación que está atravesando la acuicultura marina española, tenemos a nuestros mejores valedores.

Esperemos, pues, que de una vez se tomen "cartas en el asunto". Lo deseable sería que las administraciones vinculadas, de una u otra forma con nuestra industria asumieran sus responsabilidades y llevaran a cabo las medidas de control necesarias para que cualquier actividad industrial, en el contexto de la UE, se desarrolle en un entorno de sana y leal competencia. De otro modo, la Libertad de Competencia se convierte en una falacia, en una política de "laissez faire" que a nada bueno conduce, salvo a la destrucción de una industria que no nos cansaremos de calificar como absolutamente necesaria.

De aquella forma, y en un estado ideal, se haría innecesario que los particulares hubieran de acudir a los Tribunales con el fin de defender sus más elementales derechos. Y normalmente, cuando esto ocurre, el daño ya está hecho.

Si no hay una rápida y contundente reacción por parte de los máximos responsables, los productores italianos, franceses, portugueses y españoles nos veremos obligados a llevar a cabo todas aquellas acciones que la Ley pone a nuestro alcance. Estamos dispuestos a defendernos como "gato panza arriba". Tal vez sea demasiado tarde. Nos hemos dormido o, mejor dicho, se nos ha tratado de adormecer -y lo hemos permitido, estúpidamente- durante demasiado tiempo, pero no podemos ni debemos dejar de intentar defender lo que es "nuestro".

Los productores españoles tenemos clara la respuesta a la pregunta que, hace ya mucho tiempo, hiciera a la administración pesquera Don Lázaro Rosa, que fue el primer presidente del FROM, y un hombre vinculado al sector pesquero desde su más tierna infancia (no en balde su padre era pescador y él ha dedicado toda su vida a la actividad extractiva y a la acuícola): 

"¿Queremos, de verdad, un sector llamado acuicultura, o preferimos convertirnos en meros importadores netos de pescado?". Nosotros queremos, porque además lo necesitamos y lo sabemos hacer muy bien, tener un sector industrial primario llamado acuicultura, al igual que queremos tener uno llamado pesca, en el país que goza y disfruta del mejor y mayor mercado de consumo pesquero de la UE. No todo va a ser sector servicios, ¿o sí?.

En cualquier caso, Alea Jacta Est.

Antonio Marzoa Notlevsen
Director General de Cultivos Marinos del Maresme, S.A.
Graduado en Derecho Comunitario Europeo (U.P.M.)

danespa@teleline.es

Abril 2.002