Una reunión cada año y medio o dos años, interlocutores heterogéneos y cambiantes al otro lado de la mesa y una patronal con varias caras y una voz quebradiza. Estos son los hándicaps que han marcado, y lastrado, a la Junta Nacional Asesora de Acuicultura Continental (JACUCON) desde que naciera en 2002. Nueve años de existencia y una idea clara para el futuro: debe seguir, pero no así.
El último encuentro se celebró en 2009, en el mes de noviembre, el sexto y último hasta ahora en siete años. Entonces se volvieron a evidenciar los problemas que frenan el desarrollo de este órgano creado como eje de coordinación e interlocución entre las tres partes implicadas en la gestión de la industria piscícola continental: las organizaciones, el Estado y las Comunidades Autónomas. El principal escollo que denuncian las asociaciones empresariales es la falta de interés de algunos Gobiernos de importantes regiones productoras como Galicia o Castilla y León. Esta apatía se refleja de dos maneras: ausencia total de representantes en las reuniones o asistencia de técnicos con poca capacidad de decisión y nulo peso político.
Así lo entienden y coinciden sin fisuras las tres organizaciones presentes en JACUCON: la Organización de Productores Piscicultores (OPP), la Organización de Productores de Acuicultura Continental (OPAC) y la Asociación de Piscifactorías de Trucha de Galicia y Asociación Nacional de Acuicultura Continental (ATRUGAL/ESACUA).
"La Administración general convoca al sector y a las Comunidades Autónomas (CCAA) con competencias en la materia, pero el problema es que éstas no se toman en serio la piscicultura continental", según lamenta el presidente de la OPP, Raúl Rodríguez. La consecuencia es que la industria carece de un interlocutor claro y constante a nivel regional, y sufre una "dispersión" administrativa y llega a estar fragmentada "en dos y hasta en tres consejerías", apunta Rodríguez, que señala una razón simple y esclarecedora: "Las comunidades de interior están más preocupadas por la agricultura y las costeras, por el mar".
La presidenta de ATRUGAL/ESACUA, Luz Arregui, hace hincapié además en que este lastre no sólo afecta a la industria sino también a la propia columna vertebral de la JACUCON: "La dispersión de competencias provoca que ni el propio Ministerio sepa a veces a quién dirigirse en alguna comunidad autónoma porque se realizan cambios que ni se comunican". Arregui coincide en que la "falta de interés" de algunos de estos ejecutivos es el principal inconveniente e insta al Ministerio a que "no tire la toalla" y propicie esta coordinación.
"Hay que administrar y lo que no se puede hacer es abandonar al sector para no molestar a determinada CCAA o dirección general". Sin embargo, la portavoz gallega va a más allá y también considera que es primordial "definir" cuál es el objetivo de la junta, "fijar una periodicidad" de encuentros y "realizar un seguimiento" de las propuestas y acuerdos alcanzados.
"La continental merece una coordinación y una política con continuidad que debería empezar por un desarrollo legislativo específico", concluye Arregui, que insiste en la importancia de JACUCON y de que, "pese a las ausencias se siga convocando porque es la única herramienta que tenemos para que la Administración general y las CCAA se acuerden de que existimos".
Pero no es sólo un ámbito disperso, sino también dotado de una menor representación institucional. Este aspecto influye decisivamente en las reuniones porque, además de ser un espacio de diálogo y coordinación, JACUCON también es un órgano de mediación política. Así lo entiende el presidente de la OPAC, Carlos San Miguel Bel, quien reclama a las Comunidades Autónomas no sólo que acudan a las reuniones sino que lo hagan de forma cualificada a través de un director general en lugar de un jefe de servicio sin capacidad de interlocución a nivel político.
La crítica es unánime y esta unanimidad no deja de ser curiosa porque otro factor clave del insuficiente funcionamiento de JACUCON, y que las organizaciones reconocen, es la ausencia de una voz única y colectiva de representación del sector. Raúl Rodríguez lo atribuye a "cuestiones de honorabilidad o problemas de protagonismo"; San Miguel apunta no sólo a "personalismos", sino también a posibles "regionalismos"; y Arregui admite que se trata de un "error histórico". Los tres comparten que es un punto débil pero no infranqueable porque coinciden en señalar los temas fundamentales de partida. Cuestión diferente es cómo abordarlos o solucionarlos. Ahí surgen las divergencias.
Esta reclamación de esfuerzo y entendimiento no es nueva para la Secretaría General del Mar, cuya titular, Alicia Villauriz, reconocía la existencia de "tensiones" y también asumía el papel de la Administración general en este foro: "La interlocución debe ser buena y nuestra obligación es encontrarla y mantenerla". Por ello, Villauriz asegura que su departamento "impulsará todas aquellas acciones y contactos para que esto no sea un problema".
Somos inasequibles al desaliento y estaremos impulsando todas aquellas acciones y contactos para que esto no sea un problema, concluyó.
