Después de meses de reuniones sectoriales con la Administración española, la industria pesquera y acuícola tuvo ayer la oportunidad de conocer de primera mano, de boca de responsables de la Comisión Europea, las directrices de la nueva Política Pesquera Común que deberá aprobarse antes de la finalización de 2012 y entrará en vigor en 2013. La jornada, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, tuvo un lleno absoluto con representantes de organizaciones del sector, entre ellas Apromar y Aquapiscis, de Comunidades Autónomos, del CESE, parlamentarios, colectivos ecologistas y sindicales.

La secretaria general del Mar, Alicia Villauriz, calificó como "extraordinariamente útil" este encuentro y mostró su “preocupación” ante el actual borrador de reforma de la Política Pesquera Común, presentado el pasado mes de julio, porque considera que hay "muchas incertidumbres en elementos de futuro que son novedosos, que comportan impactos que no conocemos bien”.

Villauriz detalló que algunos de los puntos más inquietantes de la nueva PPC son "los plazos para alcanzar el rendimiento máximo sostenible, para llevar a cabo una política de descartes cero y, sobre todo, el desconocimiento de los instrumentos que se van a implantar para llevar a cabo estas políticas especialmente en pesquerías mixtas". También destacó el funcionamiento de las ITQs (cuotas individuales de transferencia), que confían en que puedan ser a nivel comunitario, o el “no contemplar de manera adecuada la flota costera artesanal”.

No obstante, la secretaria general apuntó que son líneas iniciales que habrá que negociar con la CE y desarrollar durante los próximos meses de forma conjunta con el sector con el objetivo de lograr una postura común de la industria española ante la UE. “Los debates acaban de empezar y nos resta un año y un cuarto para debatir la propuesta”, indicó la responsable de la SGM, que confió en poder añadir nuevos elementos al debate en la próxima reunión de octubre y sostuvo que algunos de ellos “se tendrán que modificar porque si no, serán inviables, algunos de los objetivos que se han planteado”.

A pesar de hacer un "balance global es de preocupación”, Villauriz reconoció que hay "elementos positivos" en la propuesta como "la consideración de la acuicultura y de la vertiente externa como partes fundamentales de esta reforma, además del establecimiento de una participación mayor de las organizaciones de productores en las decisiones de gestión”. La secretaria general aseguró que es “una ventaja y un paso adelante” que la nueva PPC contemple la industria acuícola, aunque apostilló que “se podría haber ido más lejos avanzando unas líneas estratégicas sin tener que esperar a que se apruebe la reforma”.

Las patronales piscícolas conformes con la PPC pero no con la reforma de la OCM
Las organizaciones Apromar y Aquapiscis también mostraron este optimismo hacia la nueva PPC, no tanto hacia la reforma de la OCM, y consideraron clave el próximo escenario de negociación de los fondos estructurales, que se pondrán sobre la mesa a finales de noviembre.

El gerente de Apromar, Javier Ojeda, valoró que el nuevo marco político “refleja en gran parte” la estrategia que la UE ya marcó en 2007 sobre el futuro de la acuicultura, aunque hay aspectos pendientes de determinar relacionados con la gobernanza, como el funcionamiento de los grupos de acuicultura y mercados del Consejo Consultivo, y que se corrijan errores de traducción como “seguridad alimentaria en lugar de aseguramiento alimentario”, relacionado con la tendencia al abastecimiento del mercado de la UE. Además, Ojeda propuso que, en la línea del objetivo de descartes cero, la biomasa de estos pueda ser utilizada para producir harinas y aceites de pescado “sin que, por supuesto, esto sea un incentivo para atraer más capturas indebidas”.

En cambio, el sector está “francamente desilusionado” con la nueva OCM porque, al igual que las anteriores, “no apoya a la acuicultura” con iniciativas como “precios de activación oficiales ni mecanismos de intervención públicos” ni tampoco establece nuevas condiciones ni obligaciones de buenas prácticas para reducir la competencia desleal de terceros países.

Por su parte, el secretario general de Aquapiscis y director general de la OPP-22, Raúl Rodríguez, valoró las jornadas pero lamentó que la pesca volviera a acaparar, como ocurre en la propia PPC, un “porcentaje muy alto” de la atención, mientras que la alusión a la acuicultura fue escasa pese a que uno de los pilares del foro fuera la sostenibilidad. “La pesca no representa el futuro, es la decadencia, y la sostenibilidad llega a través de la acuicultura”, defendió Rodríguez.

En la misma línea, el portavoz patronal consideró “decepcionante” que el sector no haya logrado un “status propio” en el marco político comunitario e hizo hincapié en la conveniencia de cambiar la denominación actual por Política Pesquera y Acuícola Común. Respecto a los dos reglamentos presentados, Rodríguez estimó que el financiero sí responde a las expectativas de la industria, pero el de mercado mantiene unos déficits que “impedirán a Europa crecer al mismo nivel que lo ha hecho el sector a nivel mundial”, como el control de las importaciones y la competencia desleal. Y es que, según se expuso en las propias jornadas, la industria comunitaria ha pasado en doce años de absorber la mitad de la producción global a representar solo un 25%.

Finalmente, Rodríguez se mostró conforme con la simplificación propuesta de la normativa y el reforzamiento del papel de las organizaciones productoras, pero consideró fundamental que las ayudas al almacenamiento, como mecanismo de intervención, se extiendan a la acuicultura y que el etiquetado se realice sobre la fecha de sacrificado.