Gobierno y APROMAR sitúan la simplificación administrativa como prioridad estratégica para la acuicultura española

La Secretaría General de Pesca y la Asociación Empresarial de Acicultura de España (APROMAR) han abierto una nueva fase de diálogo centrada en uno de los principales cuellos de botella del sector: la carga administrativa.

En una reunión celebrada esta semana, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y el gerente de APROMAR, Javier Ojeda, analizaron propuestas orientadas a reducir duplicidades regulatorias, agilizar autorizaciones y simplificar los sistemas de trazabilidad y reporte de datos que afectan a las empresas acuícolas.

La simplificación administrativa se ha convertido en una demanda estructural del sector. En España, los proyectos de acuicultura pueden enfrentarse a procesos de autorización que superan los tres años, con competencias fragmentadas entre administraciones autonómicas, estatales y comunitarias. Esta situación contrasta con terceros países competidores donde los procedimientos son más rápidos y homogéneos.

Durante el encuentro se planteó la posibilidad de trasladar parte de estas propuestas a la Comisión Europea en el marco de un eventual paquete ómnibus de simplificación vinculado a la Política Pesquera Común. El objetivo sería adaptar las obligaciones regulatorias a la dimensión real de las explotaciones y evitar cargas desproporcionadas en materia de control, datos y trazabilidad.

Desde el punto de vista estratégico, el debate no es menor. La Comisión Europea ha señalado en los últimos meses la necesidad de reforzar la soberanía alimentaria y la resiliencia de la producción acuícola europea, pero el propio sector insiste en que sin marcos regulatorios más ágiles será difícil aumentar la capacidad productiva.

El diálogo entre la administración y APROMAR se produce en un momento en el que la acuicultura española busca recuperar dinamismo productivo y mejorar su posición competitiva frente a importaciones procedentes de países con estándares regulatorios y ambientales distintos.

La simplificación normativa, si se concreta en medidas operativas, podría convertirse en un elemento clave para desbloquear inversiones y acelerar proyectos actualmente paralizados o ralentizados por trámites administrativos.