APROMAR reclama a Europa mecanismos que eviten la competencia desleal de terceros países

La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) ha pedido, una vez más, que la Unión Europea tome medidas a través de mecanismos de reciprocidad que eviten la competencia desleal frente a pescados de acuicultura de terceros países con menos exigencias sanitarias, sociales y ambientales.

APROMAR denuncia la existencia de un desequilibrio competitivo derivado de los diferentes estándares regulatorios aplicables a los productos que acceden al mercado común europeo.

Actualmente, como explican, los productores españoles deben cumplir exigencias estrictas en materia de sanidad, trazabilidad, sostenibilidad y bienestar animal. Sin embargo, muchos productos procedentes de terceros países o de países europeos no comunitarios no están sujetos a estas mismas condiciones. Esta situación, según advierte el sector, pone en riesgo la viabilidad de las instalaciones acuícolas nacionales.

“El pescado importado suele tener costes de producción más bajos debido a regulaciones menos exigentes, entre las que se encuentran las condiciones laborales. Esto afecta a la competitividad de los productores nacionales, quienes deben cumplir con normativas más estrictas para garantizar calidad y sostenibilidad”, señala Ariadna Sitjà Bobadilla, investigadora del CSIC y directora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal.

La investigadora añade que “el pescado importado suele producirse en condiciones menos estrictas, lo que genera una competencia desleal para los productores españoles, que operan bajo una de las legislaciones más exigentes del mundo”.

España cuenta con un marco regulatorio robusto para asegurar la trazabilidad y seguridad alimentaria del pescado que se consume. A través del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establece inspecciones y medidas de bioseguridad que garantizan el cumplimiento normativo en todas las fases de la cadena: producción, transformación y distribución.

“La trazabilidad juega un papel clave al proporcionar información clara sobre origen y método de producción. Todo el pescado a la venta debe tener visible la etiqueta donde indica su origen, zona de captura, puerto de desembarco, si es de pesquerías o de crianza, etc.”, explica Sitjà. No obstante, esta información no siempre se presenta de forma accesible para el consumidor, y en muchos casos las etiquetas son poco visibles o tienen una tipografía difícil de leer. “Muchos consumidores desconocen las diferencias entre el pescado nacional y el importado, o no saben reconocer las etiquetas en las pescaderías y supermercados, o estas no están muy visibles, o tienen una letra muy pequeña”, advierte la investigadora.

A esta falta de información clara se suma la ausencia de obligaciones similares en el sector de la restauración, donde, salvo la indicación de alérgenos, no existe un requisito legal de informar sobre el origen del pescado.

Desde el sector se subraya que defender el principio de reciprocidad no implica establecer barreras comerciales, sino exigir que los productos importados cumplan con los mismos estándares que los exigidos a los productores europeos. Este principio está amparado por el marco de actuación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que permite imponer condiciones de acceso por motivos de salud pública o medioambientales.

Apostar por una acuicultura nacional regulada y exigente es también una apuesta por la soberanía alimentaria y el desarrollo local. “Los altos estándares garantizan productos seguros y sostenibles. Además, fortalecen la economía local, y reducen la dependencia de importaciones de países con regulaciones menos estrictas”, concluye Sitjà.

El sector acuícola español considera urgente que la Unión Europea revise las condiciones de acceso al mercado común para los productos de acuicultura de fuera de la UE, de forma que todos los operadores —nacionales o extranjeros— compitan bajo las mismas reglas.