El portavoz de Aquanaria, Pedro A. Sánchez, ha confirmado a misPeces que el episodio de mortalidad masiva de lubinas registrado el pasado mes de octubre en el Puerto de Salinetas, en Melenara, en el municipio de Telde, en Gran Canaria, se encuentra actualmente controlado en las instalaciones de la compañía.
La alerta inicial se produjo tras las manifestaciones de un pescador de la zona, que comunicó la presencia de un vertido con un olor extraño que, aseguró, “no” había visto “nunca”.
Sánchez ha explicado que el pescador describió el vertido como “de color azulado, turquesa, lechoso y mal oliente, aunque no con olor a cloacas, sino con un olor diferente, similar a producto químico o a huevo podrido”.
Coincidiendo temporalmente con esta detección, los peces comenzaron a presentar un comportamiento anómalo y se inició la mortalidad.
Ante estos hechos, indicó que Aquanaria remitió comunicaciones a todas las administraciones competentes, tanto al Ayuntamiento de Telde como al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y al SEPRONA de la Guardia Civil, precisando que la única institución de la que no se recibió respuesta inicial fue el consistorio local.
Si bien la investigación de todo lo ocurrido se encuentra en manos del SEPRONA y de la Fiscalía de Medio Ambiente, la empresa señala que existen imágenes satelitales del programa Copernicus correspondientes a los días 3 y 6 de octubre que muestran anomalías en superficie en la zona donde se localiza el emisario 222, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Telde a través de la empresa mixta de aguas del municipio.
Sobre el análisis de estas imágenes, los investigadores disponen de distintos informes técnicos y, desde la empresa, se señala la coincidencia temporal y espacial entre dichas anomalías y el inicio de la mortalidad detectada en las instalaciones acuícolas.
Además, Aquanaria reconoce que las administraciones competentes están actuando, ya que durante el último mes y medio ha recibido numerosas inspecciones en sus instalaciones, en las que se han realizado tomas de muestras, a excepción del Ayuntamiento de Telde, con el que la empresa indica que solo mantuvo una reunión tras una publicación realizada el 31 de octubre, celebrándose dicho encuentro el 6 de noviembre.
En relación con ello, el portavoz de Aquanaria explica que existe un acta de inspección emitida por la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, en la que se describen irregularidades de especial gravedad en las instalaciones asociadas al emisario, entre ellas la presencia de efluentes no autorizados procedentes de actividades industriales en una infraestructura destinada exclusivamente a aguas residuales urbanas.
Asimismo, el acta recoge la detección de sustancias contaminantes en concentraciones muy superiores a los límites legales, así como deficiencias de carácter técnico y estructural, extremos que han sido trasladados al órgano sancionador competente para su valoración conforme al procedimiento administrativo y, en su caso, judicial correspondiente.
El vertido ha provocado, según expuso Sánchez, pérdidas económicas para la empresa que ya exceden los 30 millones de euros, debidamente documentadas, a lo que se suma un daño reputacional que calificó de “difícilmente cuantificable”.
Sánchez rechazó que se trate de un caso de autocontaminación y defendió el plan de vigilancia ambiental de la compañía, obligatorio para mantener la concesión administrativa. Este plan incluye análisis periódicos del agua tanto en las instalaciones como en el entorno costero de la bahía de Melenara, cuyos resultados se remiten regularmente a la Consejería de Medio Ambiente.
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