Activismo vs Ciencia: Así se manipularon políticos en Canadá para prohibir la salmonicultura en mar abierto

El Macdonald-Laurier Institute, un think tank canadiense, ha __ la manipulación política de grupos activistas financiados con dinero extranjero, principalmente de Estados Unidos, para la prohibición del cultivo de salmón Atlántico en la Columbia Británica de Canadá.

El informe sostiene que estos activistas han utilizado campañas de desinformación, presión mediática y lobby político para influenciar a ministros clave del gobierno de Trudeau, en particular y presuntamente a Joyce Murray y Jonathan Wilkinson, quienes promovieron la eliminación progresiva de la acuicultura en mar abierto.

Bajo el título “Swimming Against the Tide: The Case for Salmon Fish Farming in British Columbia” (Nadando contra Corriente: El caso de la salmonicultura en Columbia Británica) el informe El informe explica cómo Wild First, First Nation Wild Salmon Alliance y Pacific Wild, han recibido financiación de organizaciones extranjeras, algunas estadounidenses, para organizar campañas en redes sociales, estudios manipulados y presiones políticas para convencer a los ministros canadienses Joyce Murray y Jonathan Wilkinson de apoyar la eliminación progresiva de la salmonicultura en la costa oeste de Canadá.

Esto desencadenó que, en el verano de 2024, el Gobierno de Canadá prohibió la emisión de nuevas licencias para el cultivo de salmón en la costa oeste del país, permitiendo que las granjas existentes operen solo hasta 2029 y dando como única opción a las granjas a migrar a sistemas de cultivo en tierra cerrados, una tecnología que aún no se ha probado comercialmente lo suficiente.

La decisión de prohibir la salmonicultura en el país, como denuncia el informe representa una victoria del activismo sobre la ciencia ya que, como señalan instituciones de investigación, entre las que se encuentra la Canadian Science Advisory Secretariat, la salmonicultura “no es responsable del declive del salmón salvaje en la costa oeste del país”.

Esta actividad, continua señalando el informe, es “fundamental” para las economías de las comunidades costeras y de las Primeras Naciones en Columbia Británica. Su prohibición amenaza con eliminar más de 4.500 empleos directos y afectar a más de 1.000 trabajadores indígenas. Se estima también que más de 1.400 negocios de la cadena de suministro perderán alrededor de 437 millones de dólares, lo que provocará el cierre de empresas.

El think tank recomienda revertir la prohibición y volver a un enfoque basado en evidencia científica y fortalecer la colaboración entre industria, comunidades indígenas y científicos para desarrollar soluciones sostenibles y preservar el empleo.