Aquanaria plantea cerrar antes en Melenara y evidencia el conflicto de usos en el litoral

AQUANARIA - granja marina en Salinetas (Gran Canaria)

Aquanaria, empresa líder en la producción de lubina de alta calidad en Canarias, ha anunciado que valora adelantar a 2026 el desmantelamiento de su granja marina frente a la playa de Melenara (Telde), una instalación cuyo cierre estaba previsto para 2027 y cuya concesión administrativa se mantiene vigente hasta 2029.

La empresa justifica la decisión en la falta de garantías suficientes sobre la calidad del agua en el entorno del emisario 222, al que diversos indicios apuntan como posible origen del vertido químico que en octubre de 2025 provocó una mortandad masiva de peces en la granja y que actualmente se encuentra bajo investigación judicial.

Tras meses de analíticas propias, la compañía sostiene que persisten indicadores compatibles con vertidos insuficientemente depurados. A ello se suman inspecciones desfavorables realizadas por el Gobierno de Canarias.

Desde el punto de vista técnico, una instalación acuícola en mar abierto depende de la estabilidad y calidad del medio. Si existen riesgos asociados a infraestructuras urbanas próximas —como un emisario con problemas de depuración— el impacto es directo sobre la producción. Se trata de un riesgo externo que la empresa no controla, pero que condiciona su viabilidad operativa y económica.

Lo que está ocurriendo en Melenara vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las granjas marinas frente a déficits estructurales en la gobernanza costera. La acuicultura necesita un entorno de alta calidad ambiental para operar, lo que la sitúa, de facto, como una actividad especialmente sensible a cualquier alteración del medio.

Más allá del caso concreto, la situación plantea interrogantes relevantes para el sector: seguridad jurídica, planificación de emplazamientos y evaluación del riesgo en zonas donde conviven producción acuícola, infraestructuras urbanas y actividad turística.

El caso Melenara no es solo un conflicto local. Refleja una tensión estructural del litoral: se reivindica la producción acuícola por razones de sostenibilidad y soberanía alimentaria, pero su desarrollo exige garantías ambientales e institucionales que van más allá de la propia granja.

La acuicultura necesita aguas limpias más que nadie. Cuando el sistema de saneamiento falla, es una de las primeras en sufrir el impacto económico.

La cuestión de fondo no debería dirimirse en el terreno ideológico, sino en el de los hechos y las responsabilidades técnicas. Determinar con rigor el origen de los problemas y reforzar las garantías del sistema de depuración es esencial no solo para la continuidad de una actividad productiva, sino para la salud ambiental del conjunto del litoral. Porque, con o sin acuicultura, la calidad del agua seguirá siendo una responsabilidad colectiva.