El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto el trámite de consulta pública previa para modificar el Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014), tras el procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea contra España por la gestión de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT).
La reforma responde al procedimiento de infracción (2022)4121, derivado de la aplicación de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior. Según la Comisión Europea, el régimen español no garantiza procedimientos de selección suficientemente transparentes e imparciales en la adjudicación de concesiones en la costa y permite prórrogas de hasta 75 años sin concurrencia pública. En diciembre de 2024, Bruselas emitió un dictamen motivado en el que concluye que determinados artículos de la Ley de Costas y del Reglamento General de Costas incumplen el artículo 12 de la Directiva de Servicios.
El Ministerio ha optado por iniciar la modificación del reglamento para corregir los aspectos relativos a la duración de las concesiones, los procedimientos de otorgamiento, el régimen de prórrogas y la gestión y extinción de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Posteriormente, será necesario abordar también cambios en la propia Ley de Costas. El objetivo declarado es evitar que el procedimiento escale a una condena ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Aunque el documento sometido a consulta no concreta todavía el contenido técnico de los cambios, la revisión del reglamento puede tener implicaciones relevantes para las actividades acuícolas situadas en DPMT o en zonas de servidumbre de protección. La eventual modificación de la duración de las concesiones y de sus prórrogas afecta directamente a instalaciones de cultivo en tierra ubicadas en el litoral, criaderos costeros, centros de depuración y otras infraestructuras auxiliares vinculadas a la producción.
En un sector intensivo en capital y con horizontes de amortización largos, cualquier alteración del marco concesional influye en la planificación empresarial, en la valoración de activos y en la seguridad jurídica de las inversiones.
Reacciones institucionales
La apertura de la consulta ha generado reacciones en comunidades autónomas con fuerte actividad marítima. Desde Galicia, la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha manifestado su preocupación por el posible impacto de la reforma sobre las actividades económicas en el litoral y ha anunciado reuniones con representantes del sector del mar para coordinar la presentación de alegaciones.
El debate se produce en un contexto en el que la reforma no responde únicamente a una iniciativa política interna, sino a un procedimiento formal abierto por la Comisión Europea que obliga a España a adaptar su normativa al marco comunitario.
Plazo hasta el 19 de febrero
El periodo de consulta pública previa permanecerá abierto hasta el 19 de febrero. En esta fase inicial, los interesados pueden remitir aportaciones antes de que el Ministerio redacte el proyecto de real decreto. Se trata de un momento relevante, ya que permite trasladar observaciones sobre el enfoque general de la norma antes de que exista un texto articulado.
Una vez elaborado el borrador completo, se abrirá el trámite formal de audiencia e información pública. No obstante, la capacidad de influir en el diseño estructural de la reforma suele ser mayor en esta etapa previa. Para el sector acuícola, el calendario marca una ventana limitada para analizar posibles impactos y formular propuestas orientadas a garantizar estabilidad concesional y equilibrio entre protección ambiental y desarrollo económico en el litoral.
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