A pesar del amplio consenso en Europa por priorizar el consumo de productos locales, sostenibles y trazabilidad, nos enfrentamos a la paradoja de que existe una resistencia notable por la implantación y expansión de instalaciones acuícolas en nuestras costas.
Esta oposición suele estar vinculada a percepciones negativas sobre el impacto ambiental, el bienestar animal o la alteración del paisaje, las cuales no se ajustan a la realidad del sector y son muestra de una deficiente comunicación a la sociedad.
Esta falta de aceptación social se traduce en conflictos locales, retrasos administrativos, inseguridad jurídica y, en última instancia, falta de crecimiento de la producción, tal y como se viene experimentando en la última década.
Llegados este punto es importante aclarar cada vez hay una mayor conciencia sobre la calidad y conveniencia de los pescados y mariscos acuícolas. Este no sería, por tanto, el problema principal de la acuicultura pese a que siempre habrá consumidores que prefieran pescados salvajes.
En cambio, el mayor rechazo viene de que las comunidades locales no aceptan que instalaciones acuícolas se ubiquen en espacios compartidos para otros usos. Esto es debido a que no hay una transmisión eficiente de los aportes de la actividad en términos de valor para la comunidad en forma de empleo estable, diversificación económica, fijación de población en zonas rurales y producción de alimentos. Solo cuando las comunidades locales, o comunidades azules sean capaces de ver el valor de la actividad esta dejará de ser un elemento conflictivo a un activo territorial.
En sociedades modernas, la sensibilidad sobre los retos ambientales y éticos son activos a tener en cuenta. Por eso, hay que trabajar es en el de la transparencia, comunicación clara y acceso a la información comprensible para desmontar narrativas obsoletas que asocian la acuicultura con peor calidad ambiental o falta de control en la producción.
Ciudadanos pro activos hacia la acuicultura impulsan las políticas públicas. Las administraciones locales y regionales se mueven en un equilibrio delicado entre fomentar sectores estratégicos y responder a la presión social. Cuando la acuicultura goza de legitimidad social, los responsables políticos cuentan con mayor margen para simplificar procedimientos, invertir en innovación y planificar a largo plazo. Sin ese respaldo, incluso las políticas más ambiciosas corren el riesgo de quedar bloqueadas por la oposición local o por el temor al coste político.
Por eso, en 2026 debemos trabajar para mejorar la percepción y aceptación social de la acuicultura. Invertir en comunicación, y principalmente en diálogo, transparencia y participación es una necesidad para contribuir de forma legítima y duradera al crecimiento de la acuicultura y al futuro alimentario europeo.
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