
El Consell de la Comunidad Valenciana ha aprobado el anteproyecto de Ley de protección y ordenación de la costa, que tiene por objetivo la gestión integral y sostenibilidad del litoral y cuyo “espíritu general” es el “equilibrio” con la actividad económica.
Entre las competencias que asumirá la Generalitat Valenciana se encuentra la regulación de la ordenación del litoral, la pesca en aguas interiores y la acuicultura, entre otras, con el fin de garantizar una planificación coherente y adaptada a las características de la costa.
Como señalan desde el Gobierno valenciano, la Ley no pretende sustituir la ley estatal, sino complementarla, respetando su marco normativo, aunque no compartan todos sus aspectos.
Uno de los aspectos clave del anteproyecto es la reformulación del Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral), que ahora se eleva a rango de ley. Esto clarifica los usos permitidos, prohibidos y autorizables en cada área, aportando mayor seguridad jurídica.
La futura Ley eleva a rango legal las normas de zonificación del litoral, clarificando los usos permitidos, prohibidos y autorizables, con el fin de aumentar la seguridad jurídica y la flexibilidad en la gestión del territorio.
El anteproyecto de ley aborda la acuicultura como una actividad económica importante para la Comunitat Valenciana, pero enfatiza la necesidad de regularla para garantizar que su desarrollo sea sostenible y compatible con la protección del litoral y sus ecosistemas.
Por primera vez, una ley valenciana prohibirá el fondeo de embarcaciones sobre praderas de posidonia, una planta marina de gran valor ecológico. Aunque el anteproyecto no menciona explícitamente la relación entre la acuicultura y la posidonia, este tema puede generar controversia, ya que la protección de estas áreas sensibles podría influir en la actividad acuícola. La normativa busca garantizar la compatibilidad entre la acuicultura y la conservación ambiental, lo que podría incluir la protección de las praderas de posidonia en ciertas zonas compatibles con la actividad acuícola.
La ley también impulsa la estrategia de desarrollo sostenible de los recursos marinos, asegurando beneficios económicos a largo plazo y respetando el medio ambiente.