El informe definitivo de la Dirección General de Costas del Estado, relacionado con el proceso de ordenación de usos y actividades en los puertos colaboradores de Santo Tomé y Tragove, ha sido recibido con satisfacción por la Asociación Galega de Depuradores de Moluscos de Galicia (AGADE) y la mayoría del sector mar-industria. Este documento pone fin a un “complejo y prolongado” expediente que, en su momento, había situado a los depuradores de moluscos al borde de la desaparición.
El informe del Gobierno de España a través de Costas da marcha atrás en su postura inicial y reconoce que “los usos y bienes de dominio público marítimo terrestre son compatibles con la normativa y el ordenamiento jurídico aplicable". Esto confirma la plena legalidad de la ubicación de las empresas depuradoras de moluscos y de transformación en Tragove, a pesar de que anteriormente su localización había sido cuestionada por el Ministerio de Transición Ecológica.
La Dirección General de Costas acata así un artículo de la Ley de Puertos de Galicia, una de las reformas clave de la nueva Ley de Ordenación y Gestión Integrada de Litoral de Galicia (LOLGA). Esta normativa reconoce el derecho de los establecimientos de la cadena mar-industria alimentaria a ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre y en la zona de servidumbre de protección cuando estos sean necesarios para sus procesos productivos.
AGADE ha sido firme en su postura durante los últimos años, insistiendo en que las empresas depuradoras de moluscos no pueden trasladarse tierra adentro sin comprometer su operatividad. Por ello, celebran el cambio de criterio del Estado y califican la LOLGA como “un éxito” que subraya la importancia de la colaboración público-privada en la consecución de objetivos estratégicos socioeconómicos.
El sector se muestra optimista respecto a su capacidad para seguir creciendo, incluso en el actual contexto de crisis, resaltando la necesidad de seguridad jurídica y un entorno favorable para su desarrollo. Finalmente, AGADE insta al Ministerio de Transición Ecológica a transferir de manera inmediata a la Xunta las funciones y servicios necesarios para gestionar el litoral gallego.
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