Críticas a Costas por abandonar las estructuras que protegen salinas y esteros

Patricia Cavadas (PSOE), alcaldesa de San Fernando con representantes CTAQUA y UCA

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada anunció ayer que el Ayuntamiento isleño va a presentar alegaciones al borrador de la “Estrategia para la protección costera en la provincia de Cádiz ante el cambio climático” por no considerar “prioritaria” la intervención en la Bahía de Cádiz ante la subida del nivel del mar.

La alcaldesa ha dejado claro que el Ayuntamiento prepara con expertos de la Universidad de Cádiz (UCA) y del Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (CTAQUA) las alegaciones para reclamar al Ministerio de Transición Ecológica que revise la metodología utilizada porque, según indicó, “es inconcebible que la Bahía de Cádiz y la ciudad de San Fernando, incluida la playa de Camposoto, no sean zonas de actuación prioritaria”.

Cavada, que visitó ayer una de las vueltas que protege las salinas y esteros del municipio del avance del mar recordó que, el estudio realizado recientemente por la asociación Climate Centre, apunta a que la Bahía de Cádiz es una de las zonas con mayor riesgo por inundaciones ante el cambio climático.

La edil que estuvo acompañada en su visita por representantes de la Universidad y de CTAQUA mostró su preocupación por el estado de degradación y comentó que “las vueltas de afuera son las grandes desconocidas por la opinión pública, pero mucho me temo que también por los responsables de las administraciones que deben tomar las medidas para recuperarlas”.

Está en juego la seguridad de las personas, y también, un puntal del desarrollo económico de la provincia”. Como ha resaltado, “sin vueltas de afuera no habrá ni acuicultura, ni biodiversidad, ni parque natural, ni defensa para la ciudad”.

Como han puesto hoy de relieve todos los participantes en la visita, el estado general de las vueltas de afuera es de paulatina degeneración, y eso a pesar de que son las infraestructuras que configuran nuestro paisaje ecocultural, vertebran la organización de su geografía, nos protegen de la subida del mar ante el cambio climático, posibilitan una red de senderos para disfrute de la ciudadanía y generan espacios productivos de gran calidad y tradición gastronómica.

La falta de mantenimiento de estos elementos hace que se fragmenten y dejen de cumplir su función de control de la acción del mar, con el correspondiente riesgo para la población y la perdida irreversible de la actividad productiva.

En enero de 2020, el Ayuntamiento de San Fernando ya informó al Consejo Local de Medio Ambiente del informe sobre la deficiente situación de estas infraestructuras de las salinas, lo que obliga a tomar medidas inmediatas en una acción que debe considerarse como Obras de Interés General del Estado, lo que obliga a que se realice una actuación prioritaria y urgente antes que los daños sean irreversibles técnica y presupuestariamente. Este informe identifica los principales puntos conflictivos en los que la actuación es más necesaria y acuciante.

Acompañando a Cavada en la visita han estado el delegado de Desarrollo Sostenible, Ignacio Bermejo; el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Antonio Romero; el director de los Servicios Centrales de Investigación en Salinas de la Universidad de Cádiz (UCA), Alejandro Pérez; el director gerente de la Fundación Centro Tecnológico Acuicultura de Andalucía (Ctaqua), Juan Manuel García de Lomas; y por el representante de los vecinos y vecinas de la barriada de la Almadraba, José Cortejosa.

Gerente de CTAQUA recuerda que hay instrumentos para atajar este problema

Juan Manuel García de Lomas con Patricia Cavada (PSOE), alcaldesa de San Fernando

Del mismo modo, la alcaldesa ha recordado que también la Junta de Andalucía está tramitando el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y el Plan de Desarrollo Sostenible (PDS) del Parque Natural Bahía de Cádiz, así como la Estrategia andaluza de la Acuicultura, “y es el momento de revisar a fondo los planteamientos para que la acuicultura del siglo XXI y las actividades de turismo de naturaleza sean posible”.

Por su parte, el responsable de Ctaqua ha recordado en la necesidad de seguir insistiendo para atajar este problema, y ha resaltado que “hay instrumentos y financiación para desarrollar estas actuaciones” cuya competencia corresponde al Gobierno central.

Para García de Lomas las 10 000 hectáreas del Parque no se están aprovechando económicamente en estos momentos en la Bahía de Cádiz por miedo a que en el futuro las inversiones se pierdan por esta falta de mantenimiento, “lo que daña las posibilidades de tener actividad económica y la generación de puestos de trabajo”.

En la misma línea, ha alertado de que “hay que trabajar con ese doble objetivo de conservar el entorno para su aprovechamiento y para protegernos del cambio climático, algo que es inminente, que ya está pasando hoy”. “Las estimaciones a 10 años apuntan a que el nivel del mar subirá 20 centímetros, lo que afectará a las viviendas de la barriada de la Almadraba y al sector de la acuicultura y la salicultura, actividades que desaparecerán en unos años si no se toma en serio esta cuestión”.

Por todo esto, Ctaqua no solo apoyará al Ayuntamiento en sus alegaciones, sino que presentará las suyas propias, ya que “solo si no se conoce esta zona se puede decir que no es prioritaria para realizar inversiones de mantenimiento frente a la subida del mar”.

En la misma línea se ha expresado el director de los Servicios Centrales de Investigación en Salinas de la UCA, que ha insistido en que “no se puede vivir de espaldas al territorio, sin conocer la singularidad de la Bahía de Cádiz y la importancia de sus marismas”.

“La marea no descansa y va comiendo el terreno a las vueltas de afuera, que bien conservadas generan un espacio singular en el interior de las marismas que necesita de protección frente al mar para mantener sus valores, servir para la recuperación económica y para la diversificación de la actividad (cultivos de microalgas, educación ambiental, turismo…) y permitir la defensa de la Bahía, que suma una población de 500.000 habitantes”, ha apuntado Pérez antes de añadir que “si no adaptamos las leyes a los territorios los dejamos desvalidos”.

Esa es la razón que esgrime la UCA para apoyar esta causa, a la que confían que se sumen otras administraciones o estamentos.