
El Aquaculture Stewardship Council (ASC) ha manifestado su firme oposición al nuevo impuesto a la renta de recursos que el Gobierno de Noruega pretende aplicar a la acuicultura de salmón y trucha arcoíris. La organización ha cuestionado tanto el proceso de consulta, al que considera poco transparente, como las implicaciones económicas y ambientales que podría generar esta medida.
En una carta enviada al Ministerio de Finanzas de Noruega, el CEO de ASC, Chris Ninnes, expresó su preocupación por la falta de comunicación oficial y la exclusión de ASC de las consultas previas. Aunque el impuesto afecta directamente a los productos certificados por ASC, la organización no fue notificada formalmente ni incluida en el debate, enterándose de la propuesta solo días después de que finalizara el período de consulta.
ASC ha criticado la falta de participación de actores clave en la discusión del impuesto. Según Ninnes, la entidad no fue invitada a reuniones de consulta realizadas los días 28 y 29 de enero, lo que ha generado dudas sobre la transparencia y gobernanza del proceso.
Ante la ausencia de información oficial, ASC recurrió a análisis externos, como un informe del bufete Wiersholm, que detalla que la propuesta gubernamental establece un impuesto adicional de NOK 2,00 (USD 0.18) por kilogramo para el salmón certificado bajo sus estándares. Esta carga fiscal no considera la realidad del mercado, donde los precios del salmón certificado varían según la oferta y la demanda, lo que podría derivar en una tributación arbitraria y errores administrativos para los productores.
Más allá de los aspectos fiscales, ASC advierte que esta medida podría tener efectos adversos en la sostenibilidad del sector. Penalizar económicamente a las granjas certificadas desincentivaría la producción responsable, ya que muchos productores podrían optar por renunciar a la certificación para evitar la carga fiscal adicional.
"Imponer un impuesto sobre el salmón certificado envía un mensaje erróneo al mercado y castiga a las empresas que eligen operar con altos estándares ambientales y sociales", señala ASC en su comunicado.
La organización advierte que, de implementarse esta medida, se reducirían las inversiones en investigación y desarrollo, lo que afectaría iniciativas clave en bienestar animal, gestión de recursos y sostenibilidad ambiental. Según ASC, algunas granjas ya están reconsiderando su certificación ante la incertidumbre que genera la nueva política fiscal.
En paralelo, la carta enviada al gobierno noruego alerta sobre el impacto que esta decisión podría tener en la percepción internacional de la acuicultura del país. En los últimos años, la industria ha sido objeto de crecientes críticas en Europa, con campañas activistas que han señalado problemas como la mortalidad masiva de peces y las infestaciones de piojos de mar. Una política fiscal que desaliente las certificaciones de sostenibilidad podría intensificar este escrutinio y afectar la competitividad del sector en mercados clave.
Como respuesta a esta situación, ASC ha solicitado una reunión con el Consejo de Precios Normativos y con los responsables del proyecto para obtener acceso a los documentos oficiales y evaluar de cerca las implicaciones del impuesto. Además, ha exigido su inclusión en futuras consultas, asegurando que cualquier reforma fiscal contemple la realidad del mercado y el papel de la certificación en la mejora de la industria acuícola.