Las organizaciones integrantes de la Confederación Mar-Industria Alimentaria, entre las que se encuentran AGADE, ANFACO, APORMAR y Clúster de Acuicultura, han recibido con “profunda decepción” la publicación del real decreto que modifica el reglamento general de Costas y en el que no se han incluido “las principales peticiones” de este colectivo.
Para la Confederación, la publicación no solo “no recoge ninguna de las alegaciones relevantes presentadas”, sino que, además, “se ha incrementado el nivel de inseguridad jurídica para las empresas que, precisamente, era el objetivo fundamental de nuestras alegaciones”.
Consideran que el objetivo del Ministerio de Transición Ecológica es el de la “renaturalización” de toda la costa española considerando “exclusivamente los aspectos medioambientales y obviando los sociales, económicos y culturales, sin tener en cuenta los costes socioeconómicos que tal estrategia conllevaría”.
Sus alegaciones, como explican, se centraron fundamentalmente en proponer el establecimiento de mecanismos legales para que, en el caso del vencimiento de los plazos concesionales, respetando el principio de concurrencia de acceso al dominio público, se facilitase y promoviese por parte de las Administraciones el mantenimiento de las empresas afectadas y sus instalaciones en la ribera del mar, ya sea por su concesionario inicial o por uno nuevo resultante de dicho concurso. De esta forma, añaden, ni la actividad productiva ni el empleo se verían comprometidos por el agotamiento del plazo concesional.
De esta forma, señalan en su comunicado, “entendemos que se habría contribuido decisivamente a preservar el rico tejido productivo, situado en la ribera del mar, que el sector agroalimentario ha venido desarrollando y gestionando de forma legal y respetuoso con el medioambiente”.
A juicio del colectivo mar industria el Ministerio haciendo “caso omiso” pone de manifiesto que “su única opción es la de retirar las industrias de la costa para devolverla a un estado hipotético e irreal, en el que solo se consideran los factores medioambientales en detrimento de los sociales, económicos y culturales”.
Otra de las alegaciones consideradas como “relevantes” por parte de la Confederación hacía referencia a que el plazo concesional máximo fijado en 75 años para determinadas actividades, en la que se incluyen los cultivos marinos, se hiciese extensivo a las empresas auxiliares y a todos aquellos operadores alimentarios de productos del mar que justifiquen la necesidad de una acometida directa de agua salada en su proceso productivo. Con la publicación del real decreto se confirma que no ha sido atendida y que estas empresas tendrán un plazo máximo de 30 años, incluidas sus prórrogas.
Como señalan, “no puede ocultarse que tras tan limitado plazo de concesión subyace de nuevo la intención de retirada del dominio – público marítimo terrestre de cualquier actividad económica y empresarial, “aunque esta tenga la imperiosa necesidad de situarse en dicho espacio para garantizar su rentabilidad”.
Advierten que este plazo tan limitado “detraerá o paralizará cualquier inversión en la ampliación o modernización de las empresas ya en funcionamiento en la zona costera y disuadirá cualquier intento de implantación de nuevas empresas del sector mar industria alimentario en nuestra costa”. Las empresas, añaden, por pura lógica, “buscarán ubicaciones alternativas en países donde su zona costera se entienda como un sistema complejo donde conviven la sostenibilidad medioambiental armónicamente con la social y económica”.
Los representantes de la Confederación advierten que “no nos resignaremos a ver como se va desmantelando progesivamente tanto la actividad productiva como el empleo que nuestras empresas desarrollan en la costa”. Y para ello, señalan, intensificarán los encuentros con Administraciones y grupos políticos del espectro parlamentario para que incorporen en sus programas la elaboración de una “ley de Costas o de una modificación sustancial de la actual”.
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