El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas superior a 877 millones de euros para hacer frente al impacto económico de la guerra en Irán sobre el sector primario, con medidas dirigidas a la agricultura, la ganadería y la pesca. Sin embargo, la acuicultura no figura entre las actividades beneficiarias, pese a compartir los mismos factores de presión en costes que el propio Ejecutivo reconoce.
El real decreto-ley contempla ayudas directas al gasóleo agrícola —con una subvención de 20 céntimos por litro—, un programa de apoyo a la compra de fertilizantes dotado con 500 millones de euros, así como una compensación específica para la flota pesquera por el incremento de sus costes operativos, con un presupuesto inicial de 25 millones de euros. Además, se amplía en 300 millones la línea de financiación ICO-MAPA-SAECA para el sector agroalimentario y pesquero.
El Ejecutivo justifica estas medidas por el impacto del conflicto en el encarecimiento de la energía, los fertilizantes y otras materias primas, así como por las disrupciones en los flujos comerciales internacionales. En este contexto, define a la agricultura, la ganadería y la pesca como sectores estratégicos para la economía y la seguridad alimentaria.
Sin embargo, la acuicultura —también integrada en la producción alimentaria y altamente dependiente de insumos energéticos y materias primas— queda fuera de las medidas específicas aprobadas.
La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) ha expresado su “profunda preocupación” ante esta situación y lamenta que “el paquete de ayudas extraordinarias informado por el Consejo de Ministros no incluya ninguna compensación para el sector acuícola, a pesar de que este enfrenta incrementos de costes similares o superiores a los de la pesca extractiva”.
En la misma línea, su gerente, Javier Ojeda, señala que “entendemos que el Gobierno ha actuado con celeridad, pero resulta incomprensible que la acuicultura haya quedado fuera de este paquete de ayudas". Nuestras empresas, añade, "están sufriendo un incremento desproporcionado de los costes de los piensos, del oxígeno líquido, de la energía y de los fletes, sin que por ahora se nos haya ofrecido ninguna respuesta. Es un agravio comparativo que no podemos aceptar.”
Según APROMAR, el sector ya trasladó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de establecer compensaciones específicas para hacer frente al incremento de costes en piensos, oxígeno líquido y energía, así como la exención de determinadas tasas portuarias.
La organización recuerda además que, tras la crisis derivada de la guerra en Ucrania, la acuicultura sí pudo acceder a líneas de ayuda específicas, y confía en que el Gobierno rectifique la actual exclusión.
El episodio vuelve a poner de relieve una cuestión recurrente en el sector: el encaje de la acuicultura en las políticas públicas de apoyo en situaciones de crisis. Aunque su papel en la producción alimentaria es incuestionable, su ausencia en este tipo de medidas sugiere que, en la práctica, aún no dispone de los mismos mecanismos automáticos de respuesta que sí tienen la agricultura y la pesca extractiva.
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