Madrid 12/06/2020 – El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) ha querido transmitir por vía telemática al sector marítimo alimentario español en general, y al gallego en particular, un mensaje de tranquilidad al respecto del riesgo de que la normal actividad empresarial se vea afectada en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética que en al menos uno de sus artículos del proyecto se refiere a la incorporación de la variable clima a la planificación y gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre.
La futura Ley de Cambio Climático, que a juicio del Ministerio no debe ser entendida como una amenaza a la futura sostenibilidad del sector, ha reavivado el recelo por el clúster mar industria que la ve como una clara amenaza a las concesiones de ocupación del dominio público marítimo y terrestre. Una cuestión que parecía resuelta hace unos meses. En concreto los representantes patronales del sector acuícola, depurador, conservero y marisquero, consideran que el artículo 18 de la futura Ley amenaza la seguridad jurídica y la viabilidad económica.
El Ministerio también está recibiendo severas críticas por estar tramitando este proyecto de Ley con la limitación de libertades y derechos debido al estado de alarma.
Para el Ministerio, en lo que se refiere a la cuestión específica de las concesiones, el contenido del artículo 18 del proyecto de Ley “es coherente con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, y además, “respetuosa con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que vino a declarar que dicha ley tiene carácter básico y establece un plazo máximo de 75 años improrrogables”.
Según el Ministerio, este precepto carece de impacto económico para el sector marítimo alimentario por la sencilla razón de que no le afecta, puesto que la normativa sectorial vigente fija plazos inferiores a los 75 años para estas actividades. El proyecto no hace mención a ningún plazo concreto, ni a ningún uso concreto, tampoco a los propios del sector marítimo alimentario, que deberá ser objeto de tratamiento en la futura reforma de la normativa de costas, en la que se contará con la participación de dicho sector.
En este sentido, añaden desde el Ministerio, “se seguirá trabajando con todos los sectores en una regulación adecuada de las actividades del litoral”.
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