El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) ha desestimado el recurso del Gobierno central para derogar el Plan General de Explotación Marisquera para el trienio 2021 – 2023.
La sección segunda del TSJG considera que la Administración General del Estado, en este caso, el Ministerio de Transición Ecológica, “no tiene competencias en ese nivel de planificación” y, por tanto, “no resulta posible sostener jurídicamente la exigencia de un informe estatal preceptivo y vinculante para un instrumento de planificación de los recursos marisqueros”.
El argumento que defendía el Ministerio era que la Xunta de Galicia impone normas, reglas, horarios y cupos en las concesiones marisqueras, sin haber pedido a Costas un informe “preceptivo y vinculante”.
Sin embargo, la Justicia ha dado la razón a la Xunta, al considerar que la Conselleria del Mar no tienen que pedir ningún permiso para regular la actividad de marisqueo a las Administraciones del Estado, dado que las competencias en acuicultura están transferidas a la comunidad autónoma y son de su competencia exclusiva, por mucho que la actividad se realice en dominio público marítimo-terrestre.
Como señala el fallo del Tribunal, una cosa es ser titular del espacio físico y otra es poder entrar a gobernarlo sin tener competencias de planificación, como intentaba hacer el Ministerio.
Después de un año de inseguridad jurídica, el marisqueo gallego puede operar con mayor tranquilidad.
Así las cosas, el Ministerio deberá pagar las costas. Ante este fallo aún puede acudir al Tribunal Supremo.
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