El juicio oral a la cúpula de la Vieja Pescanova queda visto para sentencia

Vigo 24/07/2020 - El caso Pescanova saltó a la opinión pública en 2013 como el mayor escándalo de la historia reciente de una empresa del IBEX al detectarse un presunto “falseamiento” de sus cuentas para ocultar un “agujero” de 3.000 millones de euros, que acabo derivando en un concurso de acreedores.

Para salvar la situación en 2015 la compañía se reestructuró entre “Nueva Pescanova”, que pasó a manos de los bancos acreedores, y la “Vieja Pescanova” cuyo principal activo es hoy el 1,65 por ciento de las acciones de la primera.

El juicio oral, que arrancó en diciembre de 2019, y que debido (en parte) a la Covid-19 se ha alargado mas de lo esperado, Manuel Fernández de Sousa, el que fuera máximo dirigente de la multinacional pesquera y acuícola, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE, ha defendido su inocencia asegurando que, tanto él como la junta directiva, “han podido cometer errores, pero todos fueron buscando el beneficio de la empresa. No hemos cometido ningún delito”.

En su defensa, Fernández de Sousa ha puesto de manifiesto cómo todos los activos vendidos desde entonces son hoy rentables, reflejo, en su opinión de que sus gestores de entonces tenían razón. “De no ser por la crisis económica y bancaria española entre 2008 y 2012, no estaríamos aquí”, ha asegurado.

Durante su alocución, como señala EFE, Fernández Sousa ha criticado duramente tanto al auditor BDO como a dos de los principales accionistas de la compañía, Damm y el fondo Luxempart.

El que fuera máximo responsable de la compañía durante más de tres décadas ha censurado la actitud del auditor “por destruir sus papeles de trabajo” cuando comenzaron a detectarse las irregularidades y ha criticado que la administración concursal permitiera una valoración de activos muy por debajo de su precio real en el mercado, entre los que destacó las granjas de salmón en Chile, o la de rodaballos en Portugal, y que todas “han dado importantes beneficios desde entonces”.

Una condena como la que pide el fiscal, aseguró la defensa de Pescanova SA, supondría la “liquidación de la sociedad y, por tanto, la disolución de Nueva Pescanova” con lo que eso significa para Galicia, con más de 10.000 empleados y 1.000 millones de euros en ventas.