El mal etiquetado en la Unión Europea es uno de los temas pendientes de resolver en 2025 con implicaciones en la confianza del consumidor, la sostenibilidad y la salud pública. Diversos estudios han encontrado tasas de mal etiquetado en un rango que varía entre el 20% y el 50% dependiendo del país y de la especie.
El fraude es la principal causa detrás del mal etiquetado, al reemplazar especies caras por baratas. En otros casos, además del fraude económico, también se han identificado errores debido a cadenas de suministros complejas y falta de conocimiento en etiquetado.
En la Unión Europea, especies como el bacalao, el atún y el lenguado suelen ser más vulnerables a un etiquetado incorrecto, siendo muy común en productos procesados y congelados.
Aunque el mal etiquetado no es un problema exclusivo de Europa, las causas que están detrás de esta práctica pueden ser diversas.
En Estados Unidos, las causas detrás del mal etiquetado coinciden en muchos aspectos con Europa. Sin embargo, en el Viejo Continente estamos más avanzados en términos de regulación y trazabilidad, lo que puede llevar a mayor identificación y prevención del problema. También hay diferencias entre especies, en EE.UU. el salmón y el cangrejo son las especies con más incidencia.
En países de Latinoamérica como Perú, México y Brasil, la laxa regulación del mercado y la alta demanda de algunas especies como el mero o el camarón son factores que favorecen la práctica del mal etiquetado.
En Asia la alta incidencia de mal etiquetado está asociada con exportaciones y productos locales donde se usan nombres genéricos para especies de bajo valor.
El mal etiquetado puede prevenirse mediante un enfoque integral que combine la mejora de las regulaciones internacionales, el fortalecimiento de la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro y el uso de tecnologías avanzadas, como el análisis de ADN, para autenticar especies.
Asimismo, es esencial educar a los consumidores y proveedores sobre la importancia del etiquetado correcto y las consecuencias del fraude. La colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y la industria es clave para reducir la incidencia de este problema global.