El molusco bivalvo sigue siendo una de las principales víctimas estructurales del Brexit mientras avanzan las negociaciones SPS

Cinco años después de la salida del Reino Unido del mercado único, el comercio de moluscos bivalvos vivos continúa reflejando las consecuencias estructurales de la separación regulatoria. En paralelo al avance de las negociaciones para un posible acuerdo en materia de Sanidad y Protección Fitosanitaria (SPS), el sector vuelve a situarse en el centro del equilibrio comercial entre ambas partes.

El Consejo Consultivo de Mercados (MAC) ha adoptado un dictamen en el que insta a desarrollar un marco SPS estructurado y específico para los moluscos bivalvos dentro de las conversaciones en curso. Desde el 1 de enero de 2021, el comercio de moluscos entre la UE y el Reino Unido está sometido a los controles aplicables a terceros países, incluyendo certificados sanitarios de exportación, inspecciones físicas en frontera y procedimientos administrativos adicionales. La fricción generada no ha sido coyuntural, sino estructural.

Pese a que los estándares sanitarios siguen siendo elevados en ambas jurisdicciones, la falta de reconocimiento mutuo ha introducido incertidumbre en un segmento donde el factor tiempo es determinante. En el caso del molusco vivo y refrigerado, cualquier retraso en los puestos de control fronterizo puede traducirse en degradación del producto, incremento de la mortalidad y pérdidas económicas. Las micro, pequeñas y medianas empresas han soportado de forma desproporcionada este impacto, especialmente aquellas con envíos frecuentes y logística ajustada.

Uno de los puntos más sensibles es el comercio de moluscos procedentes de zonas de producción clasificadas como clase B, práctica habitual antes del Brexit bajo normativa armonizada. El MAC considera que, dentro de un futuro acuerdo SPS, deberían explorarse mecanismos que permitan restablecer flujos comparables a los anteriores a 2021, manteniendo las garantías de inocuidad y bioseguridad. Esta cuestión es estratégicamente relevante para regiones como Galicia, Irlanda y Escocia, cuyas economías costeras han dependido históricamente de un comercio transfronterizo fluido.

Un eventual acuerdo SPS no implicaría el retorno al mercado único ni a la unión aduanera, por lo que persistirían las declaraciones aduaneras, las reglas de origen y el riesgo de divergencia normativa. Sin embargo, un marco estructurado podría reducir certificaciones rutinarias, agilizar inspecciones y mejorar la interoperabilidad digital entre sistemas, con un impacto económico significativo para productos altamente perecederos. Más allá del debate político sobre la alineación normativa, para el sector el núcleo de la cuestión es recuperar previsibilidad, reducir pérdidas asociadas a la mortalidad en tránsito y poder planificar inversiones en depuración y transformación en un entorno regulatorio más estable.