El nuevo decreto de comedores escolares pone a prueba a la acuicultura: oportunidad regulatoria, barrera comercial

La entrada en vigor del Real Decreto 315/2025 sobre seguridad alimentaria y nutrición en centros educativos introduce nuevos criterios nutricionales y de sostenibilidad en los comedores escolares, consolidando el papel del pescado —con entre una y tres raciones semanales— dentro de los menús. El marco favorece además el uso de productos certificados, como los de acuicultura bajo estándares ASC, lo que abre una oportunidad directa para el sector.

Especies como la lubina, la dorada o la trucha parten con ventaja por su disponibilidad y regularidad de suministro, pero su acceso real al canal no está garantizado. El decreto establece que no debe incrementarse el coste del menú, lo que intensifica la competencia frente a proteínas más económicas o pescado importado, situando el precio como primer filtro de entrada.

A esta presión se suma como factor clave el formato. La restauración colectiva requiere producto sin espinas, homogéneo y fácil de preparar, mientras que buena parte de la oferta acuícola sigue orientada a formatos enteros. El principal cuello de botella no está en la producción, sino en el procesado y la adaptación a soluciones listas para cocina colectiva.

El reto se amplía en el plano de la aceptación. El pescado sigue generando mayor rechazo entre el público infantil y, además, compite con el creciente peso de las proteínas vegetales en los menús escolares, que pueden alcanzar hasta cinco raciones semanales.

En paralelo, el impulso hacia la sostenibilidad refuerza la necesidad de certificación y trazabilidad, aunque su implantación sigue siendo desigual y con impacto en costes. A ello se añade la complejidad del canal de compra pública, que exige trabajar con grandes operadores y competir en licitaciones, un terreno en el que no todos los productores están posicionados.

Así, aunque la acuicultura encaja en el modelo alimentario que promueve la norma, no lo hace aun plenamente en sus condiciones operativas. La entrada en vigor del decreto marca más un punto de partida que un cambio inmediato, con margen hasta 2027 para adaptar la cadena de suministro.