La exclusión de la acuicultura del paquete de ayudas de más de 877 millones de euros aprobado recientemente por el Gobierno español para hacer frente al impacto económico del conflicto en Irán no es un caso aislado.
Hace apenas unas semanas, Portugal replicó el mismo esquema. En el diseño inicial del Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), elaborado tras los daños provocados por los temporales, la acuicultura tampoco figuraba entre las actividades contempladas.
En ambos casos, el patrón se repite: mientras la agricultura, la ganadería y la pesca extractiva activan automáticamente mecanismos de apoyo en contextos de crisis, la acuicultura queda fuera del radar inicial de la administración.
En España, el real decreto-ley aprobado por el Gobierno contempla ayudas directas al gasóleo agrícola, apoyo a fertilizantes, financiación adicional y compensaciones específicas para la flota pesquera. Sin embargo, pese a compartir los mismos factores de presión en costes —energía, materias primas y logística—, la acuicultura no ha sido incluida en las medidas.
El sector, representado por APROMAR, ha calificado esta exclusión como un “agravio comparativo”, subrayando que las empresas acuícolas afrontan incrementos de costes similares, o en algunos casos superiores, a los de la pesca extractiva. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha detallado medidas específicas para la acuicultura.
Portugal: exclusión inicial y corrección posterior
En Portugal, la situación fue inicialmente similar. Según recoge la Associação Portuguesa de Aquacultores en su último boletín, la acuicultura tampoco estaba contemplada en el borrador del Plano de Transformação, Recuperação e Resiliência, lo que obligó a una intervención directa ante la administración para corregir la omisión.
Tras una reunión con el Secretario de Estado del Mar, José María Costa y el equipo responsable del plan, el sector pasó a ser considerado dentro del PTRR, abriendo la puerta a la elaboración de un plan específico que incluye evaluación de daños, propuestas de inversión y revisión de barreras regulatorias.
Sin embargo, el episodio ilustra una dinámica recurrente y estructural: la inclusión del sector no responde a un reconocimiento automático, sino a su capacidad de interlocución en momentos críticos.
Este desfase resulta especialmente relevante en un contexto en el que las propias instituciones europeas sitúan a la acuicultura como pieza clave en la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes.
El paralelismo entre España y Portugal no solo evidencia una dinámica compartida, sino que plantea la necesidad de seguir trabajando para que las políticas públicas y las acciones no dependan de la presión del sector para hacerse visible.
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