La acuicultura mediterránea de dorada (Sparus aurata) y lubina (Dicentrarchus labrax) ha alcanzado un alto grado de madurez tecnológica. Los avances en reproducción en cautividad, larvicultura, genética y nutrición han permitido estabilizar la producción conjunta de ambas especies en torno a las 520.000 toneladas anuales y mejorar de forma notable la eficiencia productiva de los sistemas de cultivo. Sin embargo, a medida que el sector consolida su escala industrial, comienzan a emerger nuevos factores limitantes para su expansión, entre ellos la disponibilidad de espacio marino compatible con otros usos del litoral.
Paradójicamente, mientras la tecnología de cultivo continúa avanzando, el verdadero cuello de botella de la acuicultura mediterránea podría estar fuera de las granjas, en el mapa del espacio marino disponible para desarrollarlas.
Durante décadas, el desarrollo de la acuicultura mediterránea estuvo marcado por la necesidad de resolver problemas biológicos relacionados con la reproducción en cautividad, la supervivencia larvaria o la formulación de dietas adecuadas. Hoy, esos aspectos están ampliamente resueltos desde el punto de vista tecnológico y productivo. El nuevo límite aparece en un plano distinto: el espacial y el político, es decir, dónde y cómo se pueden instalar nuevas granjas.
Las zonas costeras que reúnen las condiciones ambientales adecuadas para el cultivo son también áreas con una elevada concentración de actividades económicas y ambientales estratégicas. El turismo costero, la pesca artesanal, las áreas marinas protegidas, las rutas de navegación, las infraestructuras portuarias y, más recientemente, los proyectos de energía marina y parques eólicos compiten por el uso del mismo espacio marino.
A esta competencia por el espacio se suma además un factor cada vez más determinante: la aceptación social de la actividad acuícola. En numerosos territorios costeros del Mediterráneo, la instalación de nuevas granjas se enfrenta a la oposición de comunidades locales, asociaciones ambientales o sectores vinculados al turismo, que perciben la acuicultura como una actividad que altera el paisaje litoral o puede generar impactos ambientales.
Aunque numerosos estudios científicos han demostrado que, cuando se gestiona adecuadamente, la acuicultura marina puede integrarse de forma compatible con otros usos del mar, la percepción social continúa siendo un elemento clave en los procesos de autorización y planificación.
La implantación de políticas europeas de planificación del espacio marítimo está obligando a integrar la acuicultura dentro de un mosaico cada vez más complejo de usos del litoral. En muchos casos, incluso cuando existen condiciones ambientales adecuadas para el cultivo, la autorización de nuevas instalaciones queda condicionada por conflictos territoriales, regulatorios o sociales que ralentizan o bloquean su desarrollo.
Por esta razón, cada vez más estrategias de crecimiento del sector exploran alternativas como el desplazamiento de instalaciones hacia zonas más expuestas o semi-offshore, la integración con otras infraestructuras marinas o el desarrollo de sistemas multitróficos que permitan optimizar el uso del espacio disponible y mejorar la aceptación ambiental de las granjas.
En este contexto, algunos analistas del sector advierten de que el reto ya no es tanto producir pescado de forma eficiente, algo que la industria mediterránea ha demostrado sobradamente, sino encontrar el espacio donde hacerlo. Si Europa no es capaz de facilitar el desarrollo ordenado de su acuicultura, lo harán otros países, que posteriormente abastecerán al mercado europeo con su producción, con la consiguiente pérdida de soberanía alimentaria y de actividad económica vinculada al sector.

