El Gobierno ha dado un paso relevante en la aplicación práctica del bienestar animal en acuicultura con la aprobación del Real Decreto 69/2026, que reorganiza el sistema nacional de coordinación, asesoramiento técnico y control en esta materia.
La norma crea formalmente la Mesa de coordinación sobre bienestar y protección de los animales mantenidos con fines agrarios y para la acuicultura, un órgano interadministrativo que reunirá al Estado, las comunidades autónomas y las ciudades autónomas para armonizar criterios, procedimientos de control e interpretación normativa en toda la cadena productiva, incluidos los peces de cultivo.
La Mesa quedará adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, y se reunirá al menos una vez al semestre.
Uno de los elementos clave del real decreto es la designación del Consorcio IRTA–UAB–EXPASA como Centro Nacional de Referencia de Bienestar Animal, con un mandato inicial de cuatro años.
El centro no tendrá funciones inspectoras ni sancionadoras. Su papel será estrictamente técnico y científico: apoyo a las autoridades competentes, desarrollo de procedimientos, elaboración de notas interpretativas y transferencia de conocimiento actualizado para mejorar la aplicación homogénea de la normativa.
Este matiz es relevante para el sector: el Centro no introduce nuevas exigencias por sí mismo, pero sí puede influir de forma decisiva en cómo se interpretan y evalúan los criterios de bienestar animal en el futuro, especialmente en acuicultura, donde los indicadores operativos aún presentan importantes lagunas.
El real decreto no incorpora nuevas obligaciones directas para las explotaciones acuícolas. Sin embargo, sí anticipa un escenario de mayor homogeneidad técnica y regulatoria, en un ámbito donde hasta ahora han coexistido enfoques dispares entre comunidades autónomas.
En la práctica, el sector puede esperar una mayor coherencia en auditorías e inspecciones oficiales, un peso creciente del criterio científico en la evaluación del bienestar de peces, y un marco más estable para futuras exigencias europeas y privadas en bienestar animal
No obstante, la norma no resuelve todavía uno de los grandes retos del bienestar animal en acuicultura: la falta de indicadores estandarizados, validados y fácilmente aplicables para peces, una cuestión clave si se quiere avanzar desde el principio general hacia una evaluación objetiva y comparable.
Más que un cambio inmediato en el día a día de las granjas, el real decreto debe leerse como una pieza de preparación institucional. El bienestar animal acuático gana peso progresivamente en la agenda europea, y este marco busca dotar a España de una estructura técnica más robusta para responder a futuras exigencias regulatorias, de mercado y de certificación.
No altera el presente del sector, pero ordena el terreno sobre el que se construirá el próximo marco de control y evaluación del bienestar en acuicultura.

