
Galicia inicia desde ayer martes 1 de julio una nueva etapa en la relación con sus más de 2.500 kilómetros de costa. Mediante la entrada en vigor del Decreto 50/2025, de 30 de junio, la Comunidad Autónoma asume oficialmente las funciones y servicios que el Estado le ha transferido en materia de ordenación y gestión del litoral, incluyendo la gestión directa de las concesiones para explotaciones de marisqueo y acuicultura en el dominio público marítimo-terrestre.
Este traspaso, pactado des de abril con el Gobierno central, se materializa a través del Real Decreto 394/2025, y coloca a Galicia al frente de la tramitación y resolución de autorizaciones y concesiones demaniales para actividades en la costa, lo que impacta de forma directa sobre sectores estratégicos como la acuicultura, el marisqueo y las actividades auxiliares del litoral.
Desde esta semana, la Dirección General competente en ordenación del litoral pasa a emitir el informe preceptivo y vinculante para las concesiones que impliquen la ocupación del dominio público marítimo-terrestre por parte de instalaciones acuícolas. Se trata de un hito normativo: Galicia puede ahora decidir, con plenas competencias, sobre dónde, cómo y en qué condiciones se pueden ubicar nuevas explotaciones de cultivos marinos.
Para el marisqueo y bateeiros, se espera que una gestión de permisos más local sirva para agilizar las autorizaciones de las zonas aptas, así como adaptar la normativa a las características de la región.
Lo que respecta a la acuicultura, con Galicia al mando del litoral, se hará una integración ambiental y paisajística más cercana.
El decreto también establece un nuevo procedimiento digital habilitado para solicitar usos y ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre: el MT701A, accesible desde la sede electrónica de la Xunta. Este canal único agilizará los trámites administrativos para explotaciones acuícolas, mariscadoras y otras actividades vinculadas al mar.
Aunque el contenido sustantivo de los procedimientos sigue regulado por la Ley de Costas estatal (Ley 22/1988), la tramitación pasa ahora por la administración autonómica, garantizando mayor cercanía y conocimiento del territorio.
El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda ha calificado este paso como “un hecho histórico desde el punto de vista del autogobierno” que podrá avanzar con la puesta en marcha de un canal de información dirigido a la ciudadanía y la posibilidad de unificar en un solo formulario cualquier trámite o solicitud.
La conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático ha señalado que esta nueva fase permitirá a Galicia gestionar sus recursos de forma más sostenible y eficaz, impulsando una economía azul arraigada en el territorio. Cofradías, bateeiros y empresas del sector podrán beneficiarse de una administración más próxima y especializada.
Investigadores y representantes del sector marisquero han valorado positivamente la asunción de competencias, al considerar que mejorará la capacidad de respuesta frente a los retos del cambio climático, los episodios de contaminación y la sobrecarga administrativa que afectaban a proyectos de innovación o ampliación en el litoral.