El experto Juan Luis Gómez Pinchetti director científico y responsable de la Unidad de Biotecnología y Cultivo del Banco Español de Algas (BEA) ha indicado durante su intervención en la jornada de presentación de resultados del proyecto INNOVALGA, que uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la acuicultura de algas es “la complejidad y la variabilidad de las regulaciones a nivel local, nacional e internacional”. Como explicó, diferentes regiones “pueden tener normativas dispares que dificultan la planificación y el cumplimiento para los productores”.
Para Gómez Pinchetti, es necesario armonizar y simplificar estas regulaciones como vía evidente para “fomentar un crecimiento más uniforme y predecible de la industria”. Además, como señaló, se deben aumentar el número de especies cultivables.
Para el experto, el ritmo en la aprobación de los permisos y licencias para la instalación y operación de granjas de algas marinas es “lento y engorroso”. Esto, añade, puede retrasar significativamente la implementación de proyectos de acuicultura, lo que a su vez puede tener “un impacto negativo en la inversión y la expansión de la industria”. Sería importante gestionar los proyectos a través de una “ventanilla única” que agilice y simplifique estos procesos administrativos.
Otro aspecto en el que se debe trabajar es en mejorar la “coordinación interinstitucional”.
La acuicultura de algas marinas es una industria relativamente joven y en constante evolución. Por eso es necesaria investigación para mejorar las prácticas de cultivo, la genética de las especies y la gestión de los recursos. La educación y la capacitación continua de los productores y técnicos “son igualmente importantes para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la adopción de mejores prácticas.
Además, propuso una “normativa específica” para la acuicultura de algas ya que, como señaló, “las algas no son animales” de acuicultura y, por tanto, deben tener su propia regulación.
El cultivo de algas es esencial para el aprovechamiento de este recurso de manera sostenible y con un impacto ambiental bajo. La regulación debe abordar aspectos como la ubicación adecuada de las granjas, la monitorización de la calidad del agua y la recolección de algas silvestres que garanticen “la conservación de la biodiversidad”.
Cabe recordar que este proyecto, liderado por el Centro Tecnológico de Acuicultura (CTAQUA), cuenta con la participación de la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (FCPCT), Universidad de Cádiz, y la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (ANFACO).
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