POLÍTICA

La Xunta recurre en el Constitucional la Ley de Cambio Climático que afecta la continuidad de empresas del complejo mar-industria

Santiago de Compostela 18/02/2022 | Alberto Núñez Feijóo considera la Ley “discrecional” e “impropia de un estado de derecho

La Xunta de Galicia recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Cambio Climático del Estado por la “discrecionalidad” del artículo 20 que afecta al periodo de prórroga de concesiones en la costa por considerarla “impropia de un estado de derecho”.

A la salida del Consejo de Gobierno de la Xunta, el presidente, Alberto Núñez Feijóo explicó que el recurso de inconstitucionalidad busca defender los derechos de 232 empresas de la cadena mar-industria y los propietarios de 3.797 edificaciones afectadas, de las cuales, 2.690 son viviendas.

Feijóo ha advertido que se trata de un asunto “muy serio” ya que las edificaciones tienen “un plazo de demolición”.

El presidente de la Xunta considera que el Gobierno central está “improvisando” con esta Ley que afecta a los derechos de los titulares de las empresas y los propietarios de las viviendas.

Como ya se ha venido informando en misPeces, el artículo 20 de la Ley de Cambio Climático establece un plazo de prórroga máximo de 75 años para las concesiones de dominio público marítimo-terrestre. El problema radica en el momento en el que se computa el inicio del plazo, que con la nueva norma es desde la fecha de la primera licencia.

La aplicación de la Ley pone en riesgo la continuidad de conserveras, depuradoras de mariscos y otras actividades relacionadas con el complejo mar-industria.

Alberto Núñez ha explicado que este período de duración de las concesiones por 75 años, antes era ampliable, pero ahora “será discrecional tener prórroga o no”, por lo que hay “miles de familias y centenares de empresas” afectadas que “tenían una concesión prorrogable y ahora no se puede prorrogar más”.

Según ha destacado, la Xunta ha estado trabajando en el seno de la comisión bilateral con el Gobierno para “evitar” la presentación de este recurso, pero, al no llegar a un acuerdo, finalmente ha decidido recurrir el artículo 20 al considerar que hay una “discrecionalidad en favor de la Administración del Estado que es impropia de un Estado de derecho”.

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