La acuicultura canaria, daño colateral de la guerra entre políticos

El desarrollo de la acuicultura en mar abierto no está siendo fácil en España, y mucho menos en Canarias. A pesar que nuestro país cuenta con empresas de primer nivel que están solventando con buena nota los grandes desafíos tecnológicos, el sector se enfrenta a un reto aún mayor e intangible: conseguir mantenerse al margen de las luchas partidistas políticas.

La acuicultura en Canarias podría ser un referente en toda Europa gracias a las condiciones privilegiadas de sus aguas y el alto nivel de sus empresas y academia. El aprovechamiento de este potencial serviría para diversificar la altamente dependiente economía del archipiélago al turismo y el plátano. Sin embargo, algo está fallando.

Después una década de retrasos, en julio de 2018 vio la luz el Plan Regional de Ordenación de Acuicultura (PROAC) que venía regularizar los usos de esta actividad y que habilitaba nuevas zonas para su desarrollo acuícola. Por primera vez en mucho tiempo se encontró el consenso suficiente y este Plan contó con el apoyo de la mayor parte de la clase política canaria.

Con la puesta en marcha del PROAC se daba inicio al desafío de alcanzar las 37 000 toneladas de producción en ocho años, a pesar de no ser un objetivo excesivamente ambicioso, ya que en 2008 cuando se iniciaron los trámites de aprobación del PROAC la cifra se elevaba a las 50 000 toneladas, los continuos “palos en las ruedas” que están recibiendo las nuevas concesiones por parte de los políticos de la oposición hacen prever que es una meta cada vez más difícil de conseguir.

Hace unos días la acuicultura fue motivo de un nuevo rifirrafe político en el Parlamento canario. En esta ocasión ha sido Coalición Canaria la que ha mostrado su rechazo a las nuevas concesiones que se proyectan en Lanzarote. En este sentido, tanto la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario, Alicia Vanoostende ha criticado el “cinismo” ya que fueron desde este partido cuando presidían el Cabildo lanzaroteño los que aprobaron este proyecto.

Al margen de que todos podemos cambiar de opinión queda bastante claro que en este caso se trata de una argucia política para desgastar al actual gobierno de la isla con acusaciones que lejos de demostrar simplemente vienen a sumarse al resto de argumentos ideológicos faltos de la evidencia de los científicos. Mientras este sainete continúe en la clase política, poco más se puede hacer para diversificar la economía local y la provisión de alimentos seguros y producidos localmente.