Las empresas acuícolas afectadas por los temporales registrados durante los últimos meses podrán acceder a distintas líneas de apoyo impulsadas tanto por el Gobierno central como por la Junta de Andalucía, con el objetivo de compensar parte de los daños y pérdidas derivados de estos episodios meteorológicos.
Por un lado, el Ejecutivo autonómico prevé habilitar ayudas específicas para establecimientos acuícolas dentro de un paquete extraordinario destinado al sector pesquero afectado por las borrascas que han golpeado Andalucía entre noviembre y febrero. Según el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el conjunto de ayudas directas al sector pesquero alcanzará hasta 16,7 millones de euros, de los cuales hasta 5,2 millones de euros se reservarían para titulares de establecimientos acuícolas.
La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural trabaja actualmente en la redacción de una orden que regulará estas ayudas, cuya publicación se prevé en las próximas semanas.
Compensaciones por daños y pérdidas de producción
Según ha podido saber misPeces, el diseño de estas ayudas autonómicas se basaría en el marco establecido por el Reglamento (UE) 2022/2473, que permite compensar tanto daños materiales en las instalaciones como pérdidas de producción derivadas de fenómenos meteorológicos adversos.
En este contexto, las compensaciones podrían cubrir no solo los daños ocasionados directamente por los temporales, sino también las pérdidas productivas que se produzcan en los meses posteriores al evento, un aspecto especialmente relevante en acuicultura debido a que el impacto de estos episodios puede prolongarse a lo largo del ciclo de cultivo.
Medidas complementarias de ámbito estatal
Además de las ayudas autonómicas, las empresas acuícolas afectadas podrían acogerse también a medidas de apoyo previstas en el Real Decreto-ley 5/2026, aprobado en febrero para hacer frente a los efectos de los temporales.
Estas ayudas estatales contemplarían compensaciones que podrían situarse entre 5.000 y 25.000 euros por beneficiario, cuya gestión se realizaría a través de la administración estatal.
Para evitar posibles situaciones de sobrecompensación, las ayudas autonómicas deberán tener en cuenta otras indemnizaciones que puedan percibir las empresas, como las procedentes de seguros o de programas estatales.

