La negociación del convenio de acuicultura se abre con presión sobre costes laborales y organización productiva

La renovación del Convenio Colectivo Estatal para la Acuicultura ha entrado en fase activa tras la segunda reunión de la comisión negociadora, con la presentación de la plataforma de UGT FICA, que introduce elementos con impacto directo sobre la estructura de costes y la operativa de las empresas del sector.

Aunque la negociación se encuentra en una fase inicial, la propuesta sindical marca un punto de partida exigente. Entre las medidas planteadas destaca una subida salarial en torno al 5% anual durante toda la vigencia del convenio, acompañada de una cláusula de revisión ligada al IPC real con incremento adicional. De materializarse, este planteamiento supondría un cambio relevante respecto al marco vigente y elevaría la presión sobre los márgenes en un contexto de costes ya tensionados.

Más allá del componente salarial, el documento introduce variables con impacto directo en la planificación productiva. La reducción de la jornada anual y el refuerzo de las compensaciones por trabajo en domingos, festivos y turnos nocturnos apuntan a una mayor rigidez en la gestión del tiempo de trabajo, especialmente en una actividad caracterizada por ciclos biológicos continuos y necesidad de disponibilidad operativa permanente.

En paralelo, se plantean nuevas obligaciones en materia de protección social y prevención, como la asunción empresarial del mantenimiento de la ropa de trabajo, la implantación de seguros colectivos obligatorios y el abono del 100% del salario desde el primer día en situaciones de incapacidad temporal. Estas medidas amplían el perímetro de responsabilidad empresarial en ámbitos ya regulados, con implicaciones económicas y organizativas.

El bloque de modernización normativa añade un elemento adicional de complejidad. La incorporación de protocolos en materia de igualdad, diversidad, violencia de género o uso de inteligencia artificial refleja la tendencia a integrar nuevas exigencias regulatorias en los convenios sectoriales, trasladando al ámbito empresarial la necesidad de adaptación a marcos sociales y tecnológicos en evolución.

Desde la patronal, representada por APROMAR, el enfoque público se sitúa por ahora en un plano de equilibrio entre mejora laboral y viabilidad empresarial. Su gerente, Javier Ojeda, señala que “coincidimos con UGT en la pretensión de conseguir un convenio que resulte atractivo para mejorar el nivel y calidad del empleo en el sector, a la vez que facilite la eficiencia productiva y competitividad de las empresas”. En esta misma línea, apunta que la incorporación de novedades legales y protocolos “puede contribuir a facilitar la aplicación del convenio por parte de las empresas y a la gestión de los recursos humanos”.

La negociación parte del convenio anterior (2023-2025), actualmente prorrogado, en una mesa en la que la parte social está representada por CCOO, UGT FICA y CIG, con mayoría sindical de CCOO. El resultado final dependerá de la capacidad de las partes para equilibrar mejoras laborales con la sostenibilidad económica de las empresas.

Por el momento, no se ha hecho pública una propuesta conjunta del bloque sindical ni una respuesta detallada de la patronal sobre salarios, jornada o costes laborales. Sin embargo, el alcance de las demandas conocidas anticipa una negociación con impacto estructural en el sector, donde el resultado final no solo determinará las condiciones laborales, sino también el margen de maniobra de las empresas en un entorno cada vez más exigente en costes, regulación y competitividad.