Las organizaciones, Asociación Empresarial de Acuicultura Española (Apromar), la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) y la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), representativas de la pesca y la acuicultura española seguirán apoyando de manera “inquebrantable” las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos, así como las acciones de protesta, siempre que no se vulneren los derechos de los ciudadanos.
La decisión, adoptada por “unanimidad" esta semana, busca fortalecer los esfuerzos de su reivindicación de cara a las elecciones europeas del 9 de junio ya que, a su juicio, el próximo ejecutivo europeo deberá dilucidar "de una vez por todas" qué tipo de sector primario quiere y qué valor quiere otorgarle frente al resto del mercado y, en consecuencia, a la soberanía alimentaria de sus ciudadanos.
Sobre este particular, el sector, desde la extracción y la producción acuícola hasta la comercialización, ha manifestado que la Unión Europea (UE), y en particular la Comisión Europea (CE), ve el problema en la política medioambiental que se está llevando a cabo. Como señalan, esta política "está muy lejos de la realidad, primando en sus políticas el componente medioambiental de manera obsesiva", lo que ha provocado, tal y como apuntan, "unos niveles de control y burocracia administrativa asfixiantes que comprometen seriamente la viabilidad de las empresas".
El sector también ha llamado la atención sobre la "inacción" de Europa ante la reducción del consumo de productos pesqueros, en vez de valorarlo y promocionarlo, no sólo por su contribución a una alimentación saludable, sino por ser los de menor huella de carbono e hídrica en su producción.
La pesca, la acuicultura y el comercio especializado de alimentación han solicitado que la UE cambie el rumbo de sus políticas, en particular de la Política Pesquera Común (PPC) y de la política medioambiental, y que tenga en cuenta el impacto socioeconómico derivado de la adopción de sus normas para buscar un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria.
Igualmente, han demandado que se simplifique el marco legal y se reduzcan las cargas administrativas innecesarias, tanto europeas, como nacionales y autonómicas, y que los productos procedentes de las importaciones cumplan con los mismos requisitos que la producción comunitaria.
Por su parte, frente a la bajada del consumo, el sector pide mayor inversión en campañas de promoción, así como la eliminación del IVA en los productos pesqueros.
Finalmente, han solicitado, tanto a España como a Europa, reflexionar y dar un giro a sus percepciones sobre sus sectores primarios de los que, a su juicio, "debe sentirse orgullosa".