POLÍTICA

La política chilena debate cómo debe ser la inocuidad de la acuicultura del país

Tras pasar el trámite en el Senado será ahora la Cámara de Diputados la que deberá aprobar las enmiendas sobre la Ley General de Pesca y Acuicultura

La política chilena está inmersa en un proceso de modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura que busca establecer cómo deben ser los trabajos destinados a evitar y reducir estos desechos de la actividad acuícola. Para ello, establece nuevos instrumentos, como el plan de recuperación y las respectivas sanciones, incluyendo la suspensión de operaciones y caducidad de la operación.

La modificación, que ya ha pasado el primer trámite en el Senado, está pensada principalmente a los concesionarios de salmonicultura, la principal actividad acuícola del país.

Las enmiendas introducidas en el Senado, pasan ahora a la Cámara de Diputados, que deberá pronunciarse sobre las enmiendas introducidas.

El texto, según señaló al respecto Rabindranath Quinteros, presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, busca dar eficacia al mandato de la Ley que impone al concesionario “la obligación de mantener la limpieza y el equilibrio ecológico de la zona concedida”.

Entre las enmiendas introducidas por el Senado, señala, se optó por eliminar que "los trabajos de limpieza se debiesen hacer de manera inmediata, porque en ocasiones esto no es posible y puede llegar a poner en riesgo la vida de aquellos encargados de recuperarlos". Por tal motivo, el plazo lo fijará el reglamento.

Sobre los planos de recuperación e investigación que deben presentar, éstos deben ser acreditados por una entidad autorizada. En el plan de investigación se podrá utilizar las tecnologías para recuperar los fondos anaeróbicos y se acordó que las disposiciones deberán dictarse en un plazo de 18 meses desde la publicación en el Diario Oficial.