La modificación de los anexos de la Ley de Evaluación Ambiental, ya analizada por misPeces a comienzos de enero, entra ahora en su fase más sensible, con las primeras posiciones formales de la acuicultura alertando de un posible exceso de carga administrativa derivado de la reforma.
Tras la consulta pública abierta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el debate ha comenzado a desplazarse desde la necesidad de clarificar criterios —objetivo declarado de la iniciativa— hacia el riesgo de que esa clarificación se traduzca, en la práctica, en procedimientos más complejos y menos proporcionales al impacto real de muchos proyectos.
La Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR) ha presentado alegaciones al proyecto de real decreto que modifica los anexos I y II de la Ley 21/2013, advirtiendo de que la propuesta podría acabar imponiendo evaluaciones ambientales más exigentes a instalaciones que hasta ahora se tramitaban mediante procedimientos simplificados o informes de incidencia ambiental, sin que ello aporte beneficios ambientales adicionales.
En la información publicada por misPeces el pasado 7 de enero se explicaba que la reforma surge tras la experiencia acumulada desde la entrada en vigor del Real Decreto 445/2023, que había generado problemas de interpretación, una elevada carga administrativa para algunas comunidades autónomas y una notable incertidumbre entre promotores. En la práctica, proyectos de acuicultura similares habían seguido itinerarios ambientales muy distintos según el territorio o el criterio del órgano ambiental competente.
La propuesta del Ministerio pretendía precisamente corregir esa disparidad, fijando umbrales y criterios más claros para determinar qué tipo de evaluación corresponde a cada proyecto. Sin embargo, según APROMAR, la redacción actual puede tener un efecto no previsto: que incluso proyectos de pequeño y mediano tamaño queden atrapados en evaluaciones ambientales más largas, costosas y complejas, sin una justificación técnica clara basada en el riesgo ambiental.
Uno de los puntos que más preocupa al sector es que la evaluación ambiental simplificada, concebida como un procedimiento ágil y proporcionado, se ha convertido en la práctica en un proceso muy similar a la evaluación ordinaria en términos de exigencias técnicas, duración y carga documental. Elevar de forma generalizada el número de proyectos sometidos a este tipo de tramitación podría, según la asociación, agravar aún más esta situación.
En este contexto, el gerente de APROMAR, Javier Ojeda, señala que “la acuicultura española es ya uno de los sectores productivos más regulados y controlados desde el punto de vista medioambiental”. A su juicio, el proyecto normativo introduce nuevas exigencias administrativas que no aportan una mejora ambiental equivalente y que pueden traducirse en plazos más largos de tramitación, costes adicionales y una pérdida de competitividad para las empresas del sector.
Este planteamiento conecta con el debate de fondo que ya apuntaba misPeces en su análisis inicial: la cuestión no es si la acuicultura debe evaluarse ambientalmente —algo que el propio sector asume como imprescindible— sino cómo hacerlo de forma coherente con los impactos reales de cada proyecto y sin convertir la tramitación en una barrera estructural para ampliaciones razonables, mejoras tecnológicas o nuevas inversiones.
Para reforzar su posición, APROMAR recurre a la experiencia acumulada bajo el marco normativo vigente. Como ejemplo, cita el caso de Galicia, donde desde la entrada en vigor de la Ley 21/2013 se han autorizado proyectos acuícolas sometidos a evaluación ambiental simplificada sin que, tras más de una década de seguimiento, se hayan registrado impactos ambientales adversos atribuibles a estas instalaciones. A juicio de la asociación, este tipo de evidencia cuestiona la necesidad de elevar de forma indiscriminada el nivel de exigencia administrativa.
Otro de los elementos que introduce el sector en el debate es el efecto sobre las propias administraciones ambientales. Incrementar el número y la complejidad de los procedimientos no solo afecta a los promotores, sino que puede contribuir a saturar unos órganos autonómicos que ya operan con recursos limitados, alargando plazos y aumentando la incertidumbre jurídica.
Con la consulta pública ya cerrada, el foco se desplaza ahora a cómo el Ministerio incorporará las alegaciones recibidas en el texto final del real decreto. Lo que está en juego no es únicamente un ajuste técnico de los anexos de la ley, sino el equilibrio entre un control ambiental riguroso y un marco regulatorio previsible, operativo y alineado con la realidad productiva del sector.
Como ya señalaba misPeces, la claridad de las reglas es una condición clave para el desarrollo ordenado de la acuicultura. La duda que plantea ahora el sector es si esa claridad vendrá acompañada de proporcionalidad o si, por el contrario, la reforma acabará añadiendo una nueva capa de complejidad a un sistema que ya se encuentra fuertemente regulado desde el punto de vista ambiental.
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