La seguridad jurídica como clave principal para el desarrollo del sector de la acuicultura en Europa

La acuicultura se ha consolidado como un sector esencial para el suministro de alimentos sanos y nutritivos a nivel local y global, especialmente en un contexto de creciente demanda de proteínas y recursos pesqueros cada vez más limitados. Estos recursos son producidos por empresas que, gracias a los avances científicos y tecnológicos, han sido capaces de adaptar estos conocimientos para optimizar la producción sostenible, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y garantizar la calidad y seguridad alimentaria.

El desarrollo empresarial de la acuicultura se considera de vital importancia y se fundamenta en una serie de ejes básicos entre los que destacan la sostenibilidad y la innovación, siendo el de la seguridad jurídica uno de los más críticos.

Dar a las empresas de acuicultura un marco legal claro, estable y predecible es crucial para fomentar la inversión, la innovación y el crecimiento a largo plazo. La incertidumbre frena la disposición de los empresarios e inversores a seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, expandir sus operaciones o, incluso, mantener los actuales niveles de producción.

Un marco jurídico estable permite a las empresas planificar a largo plazo, asegurar financiamiento, y establecer relaciones comerciales con la certeza de que las reglas no cambiarán arbitrariamente. Además, fomenta la transparencia y la equidad, lo que es básico para atraer inversión tanto nacional como extranjera.

Según las continuas declaraciones de los diversos agentes del sector, entre los que destaca el Consejo Asesor de Acuicultura en Europa, un órgano consultivo de la Comisión Europea y los Estados miembro en materia de acuicultura, se ha avanzado en la creación de un marco normativo que apoya el desarrollo de la acuicultura, como la Política Pesquera Común o el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y de la Acuicultura. Sin embargo, persisten desafíos que han generado cierta insatisfacción entre los empresarios e inversores.

La burocracia y los tiempos prolongados para la obtención de licencias son señalados como obstáculos recurrentes, afectando la competitividad y la capacidad de expansión.
En el caso de España, también se reconoce el esfuerzo por armonizar la normativa y fomentar la acuicultura sostenible. No obstante, aquí también se incide en los problemas relacionados con la complejidad administrativa y la falta de claridad en ciertas regulaciones. Además, la adaptación a las normativas europeas ha generado tensiones entre la necesidad de cumplir con estándares ambientales estrictos y la viabilidad económica de las operaciones acuícolas.

¿Qué se puede hacer entonces para mejorar esta situación? Además de reducir la burocracia y mejorar el tiempo que toman los procesos de obtención de licencias, se debe fomentar el diálogo a través de una comunicación más fluida entre las autoridades, empresarios y otros actores del sector para asegurar que las regulaciones reflejen tanto las necesidades del mercado como las exigencias ambientales.

Ser conscientes de las oportunidades y las limitaciones pueden contribuir significativamente a crear un entorno más favorable para el desarrollo del sector acuícola, alineando las expectativas de los inversores y empresarios con las políticas nacionales y europeas.