La Xunta de Galicia abordará la crisis del sector marisquero causada por las intensas lluvias y temperaturas anómalas del último trimestre de 2023 que causaron la mortalidad de hasta el 80% de las almejas y pérdidas en la facturación del sector del 57% respecto al mismo periodo del año anterior
Lo hará a través del Plan de Competitividad y Sostenibilidad del Marisqueo en Galicia 2024-2025, dotado con 123 millones de euros co-financiados con fondos de la Xunta y del FEMPA que permitirá reactivar el sector, recuperando su productividad y garantizando su sostenibilidad.
El Plan incluye la regeneración de los bancos marisqueros, formación, colaboración con organismos científicos, y medidas para la conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas marinos. También se enfoca en la vigilancia de los bancos marisqueros y la contratación de asistencia técnica.
Las colaboraciones con organismos científicos como REDEMAR, INTECMAR, CIMA y Guardacostas incluyen la mejora de producción de semilla, la mejora genética para hacer las almejas más resistentes a la baja salinidad, más resistencia a cambios ambientales, aumento del valor de actividades post-captura mediante una plataforma de ventas y fortalecer la colaboración con entidades asociativas.
Durante la presentación del Plan al sector, el conselleiro del Mar, Alfonso Villares estuvo acompañado de la directora de Desarrollo Pesquero, Marta Villaverde y dos representantes de la Federación Gallega de Cofradías.
Alfonso Villares criticó la “escasa implicación” de otras administraciones, “como es el caso del Gobierno central” y volvió a pedir que “corrija el agravio cometido con la comunidad gallega” al no declarar las rías zonas afectadas gravemente por la situación de emergencia derivada de la meteorología adversa de finales de año.
La colaboración del Gobierno central, según el conselleiro gallego, podría realizarse a través de la habilitación de más ayudas que permitan compensar las pérdidas económicas por la mortalidad severa en las poblaciones de bivalvos, cubrir la disminución de los ingresos por la baja producción o eximir cotas a la Seguridad Social a los trabajadores afectados.
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