La necesidad de armonizar el desarrollo económico de la acuicultura con la normativa ambiental centró el debate de la mesa Acuicultura y aspectos ambientales, celebrada en el marco de las XI Jornadas de Acuicultura en el Litoral Suratlántico, que tuvieron lugar esta semana en el Campus del Carmen de la Universidad de Huelva. La complejidad de los trámites, la actualización del marco legal y la coordinación administrativa fueron algunos de los asuntos más destacados por los representantes técnicos de la Junta de Andalucía.
El diálogo, moderado por Marina Fernández Lora (AGAPA), reunió a Antonio Gómez (Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas), Daniel Acosta (Geodiversidad y Biodiversidad), María Isabel Rivera (Prevención y Control Ambiental), Rafael Barba (Espacios Naturales Protegidos) y Susana Vela (Servicio de Acuicultura).
Uno de los temas centrales fue la gestión del agua y el desfase entre las exigencias legales y la realidad técnica de las nuevas instalaciones. Antonio Gómez recordó que la normativa vigente refleja “la acuicultura del siglo pasado” y que las regulaciones actuales “no están ajustadas al funcionamiento de la acuicultura actual”.
Según explicó, la ausencia de documentos técnicos específicos obliga a aplicar criterios pensados para instalaciones de los años 90, lo que dificulta autorizar proyectos modernos, especialmente los intensivos y de recirculación.
Por ello, defendió la necesidad de herramientas comunes que faciliten la gestión de vertidos y permitan fijar “niveles aceptables de emisión” para distintos tipos de cultivo. Como ejemplo práctico, relató las dificultades de tramitar proyectos intensivos en los que el volumen de vertido es mínimo pero la normativa no contempla este modelo productivo.
En materia de biodiversidad, la mesa coincidió en que la especialización técnica de la administración y los espacios de trabajo compartidos han mejorado la tramitación.
Daniel Acosta destacó la “buena coordinación entre administraciones” y el creciente conocimiento específico de los técnicos, que permite acortar plazos y comprender mejor los proyectos acuícolas.
También subrayó la colaboración con el sector en planes de recuperación de especies como el águila pescadora o peces vulnerables, señalando que “siempre la tenemos por parte del sector”, especialmente en espacios naturales en los que ambos ámbitos conviven.
Sin embargo, reconoció que persisten retos donde falta base científica, como la gestión del cormorán: a día de hoy “no existe una solución” que permita actuar sin afectar a otras aves piscícolas.
Zonificación y protocolos entre servicios: una demanda compartida
Rafael Barba incidió en la importancia de crear grupos de trabajo estables, tanto provinciales como regionales, para mejorar la coherencia en la tramitación. Recordó experiencias previas de zonificación que solo funcionaron correctamente cuando ambas consejerías trabajaron “desde el principio” en un documento único y consensuado. Recalcó que un proceso conjunto permite que el sector tenga claro “dónde va a tener problemas y dónde la actividad se puede desarrollar sin problemas” desde el punto de vista ambiental .
Susana Vela coincidió y puso en valor el papel del Comité de Acuicultura de Andalucía como espacio de participación. Destacó la “coordinación entre servicios” y la utilidad de los talleres celebrados con delegaciones territoriales, que han permitido que los técnicos “se pongan cara” y compartan cómo abordan los proyectos en cada ámbito.
Cambios normativos que lo transformarán todo
María Isabel Rivera explicó que la modificación en curso de los anexos de la Ley 21/2013 supondrá que “prácticamente todas las instalaciones de acuicultura” queden sometidas a instrumentos de prevención ambiental. Esto, advirtió, obligará a reforzar aún más la coordinación entre administraciones.
Rivera valoró muy positivamente la fluidez de la comunicación con el Servicio de Acuicultura, destacando la colaboración interdepartamental. Como mejora, propuso disponer de una instrucción escrita que establezca procedimientos claros y permita incluso compartir documentación entre servicios, tal como ya ocurre en otros ámbitos de la Consejería.
Entre las propuestas de mejora surgió la necesidad de recuperar mecanismos de coordinación más ágiles, como una “comisión interdepartamental” que permita estudiar conjuntamente proyectos complejos. También se señaló la importancia de crear sistemas de retroalimentación: muchos técnicos emiten informes sobre proyectos que luego “no saben si han prosperado”, lo que resta eficacia al proceso.
Asimismo, se propuso mantener directorios y redes de contacto actualizadas entre provincias para facilitar la comunicación entre equipos.
La mesa coincidió en que trabajar en espacios naturales protegidos no debe considerarse un obstáculo. Rafael Barba defendió que la acuicultura es “perfectamente compatible” con estos entornos cuando se gestiona adecuadamente, y que producir en un espacio bien conservado “le está dando un valor añadido” al producto.
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19novmié, 19 nov - jue, 20 novCampus del Carmen, Universidad de Huelva - Huelva
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